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Seis departamentos reportan daños en 1.486 comunidades, con más de 60.000 hectáreas perdidas y 75.013 cabezas de ganado muertas.
03/11/2026 10:37
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La sequía ya afecta a 114.048 familias en Bolivia, de las cuales 78.217 fueron reportadas como afectadas y 35.831 como damnificadas. El impacto alcanza a 63 municipios de Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, en un escenario que podría agravarse durante los próximos meses por los efectos del fenómeno de El Niño.
De acuerdo con los datos presentados, la emergencia comprende 1.486 comunidades, 167.511 hectáreas afectadas y 60.106 hectáreas perdidas. Además, se reportó la pérdida de 75.013 cabezas de ganado.
Oruro concentra la mayor cantidad de familias damnificadas, con 17.544; le siguen La Paz, con 6.679; Chuquisaca, con 4.678; Cochabamba, con 3.720; Santa Cruz, con 2.386; y Potosí, con 823.
Experto cuestiona la falta de prevención
El especialista en medio ambiente, Waldo Vargas, advirtió que el país continúa concentrando sus esfuerzos en atender los daños una vez que ocurren los desastres, en lugar de desarrollar medidas preventivas y mecanismos de adaptación al cambio climático.
“Vamos a reparar daños y eso es lo más costoso, lo más complicado y lo más triste porque hay pérdidas de personas, hay pérdidas de bienes materiales y también pérdida de patrimonio natural”, señaló.
Vargas afirmó que desde julio se habían advertido los posibles impactos del fenómeno de El Niño y las regiones que presentarían mayores afectaciones. Sin embargo, cuestionó que las gobernaciones y los municipios no hubieran tomado medidas oportunas.
También consideró que el decreto de emergencia nacional representa una respuesta paliativa y no resuelve las deficiencias institucionales y presupuestarias para enfrentar estos fenómenos.
Agua, forraje y atención a las familias afectadas
Entre las medidas inmediatas, el especialista planteó garantizar el suministro de agua, la entrega de forraje, la atención en salud y la reparación de infraestructura dañada, además de la reposición del ganado perdido.
A mediano y largo plazo, propuso actualizar la normativa vigente y establecer una estructura institucional que permita coordinar acciones de prevención y respuesta, con presupuesto y respaldo científico.
“Tenemos que ver la parte institucional, la parte jurídica, esa ley queda ya obsoleta prácticamente, hay que ajustar una nueva norma jurídica que permita una estructura institucional y una forma de reacción preventiva y también de respuesta inmediata”, sostuvo.
El altiplano, el Chaco y la Chiquitanía entre las zonas vulnerables
Vargas identificó al altiplano medio y alto, el Chaco y parte de la Chiquitanía como regiones que podrían registrar sequías y heladas durante este periodo de El Niño. En tanto, la zona norte amazónica de La Paz estaría expuesta a lluvias torrenciales e inundaciones.
El especialista indicó que los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta abril de 2027 y advirtió que posteriormente podrían presentarse nuevas condiciones climáticas asociadas a La Niña.
También alertó sobre posibles consecuencias para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por ello, planteó impulsar huertos comunitarios, fortalecer la educación ambiental y preparar a la población para enfrentar eventos climáticos cada vez más intensos.
Adaptación al cambio climático
El experto insistió en que la atención de emergencias debe complementarse con políticas sostenidas de prevención, capacitación, inversión y revisión de las normas de construcción y planificación territorial.
“Esto hay que hacer con una tarea de prevención. Es un programa de educación sostenida, capacitación, inversiones, revisión de normas”, afirmó.
La emergencia por sequía y los posibles efectos de El Niño plantean desafíos para las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto en la atención de las familias damnificadas como en la preparación para futuros eventos climáticos.