En el exilio, excanciller Karen Longaric acude a la CIDH para denunciar persecución política y acoso judicial

Con siete procesos en su contra instaurados por el Gobierno de Luis Arce, Karen Longaric, canciller durante la gestión de Jeanine Añez, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar persecución política y acoso judicial  debido a procesos penales que se le han iniciado y, por los cuales se ha ordenado su aprehensión y congelamiento de cuentas.

“La información que cursa en este documento evidencia la flagrante violación de mis derechos a través de la persecución política y el acoso judicial, con el objetivo final de privarme de libertad por motivaciones estrictamente políticas, sin respaldo legal ni fundamentación jurídica alguna (…) Tengo a bien dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instancia competente para la protección de los derechos humanos, para solicitar su ayuda y buenos oficios en función de precautelar mis derechos y poner fin a la persecución de la cual soy víctima”, dice el documento que fue difundido recientemente por el exdiplomático Jaime Aparicio. 

Longaric fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores el 14 de noviembre de 2019, por la entonces presidenta Jeanine Añez y desempeñó sus funciones hasta el 6 de noviembre de 2020. Actualmente, la exautoridad vive en Alemania.

“Después de mi gestión como canciller, he sido víctima de persecución política mediante la manipulación del derecho penal, lo que ha violado mi derecho al debido proceso y acceso a la justicia”, dice la denuncia de Longaric.

En dicha petición, la exautoridad solicitó al organismo internacional: analizar y seguir su caso porque existe una vulneración de los derechos humanos en el país; incorporar su caso dentro del monitoreo e informes que realiza ese organismo; y, solicitó una reunión con un representante o un equipo de la CIDH, informa la agencia ANF.

Según Longaric, en ese contexto de persecución, se vio obligada a salir de Bolivia para resguardar su derecho a vivir en libertad, pero también sobrellevando lo que significa vivir en el exilio, informa Erbol.

“No obstante, la evidencia de mi exilio, estoy procesada sin posibilidades de asumir defensa en las múltiples acciones judiciales y administrativas que el gobierno ha instaurado contra mi persona, ejerciendo una sistemática persecución política y acoso judicial”, dice la denuncia.

En el documento con fecha de abril del año en curso, Longaric detalla los procesos que le sigue el ministerio de Relaciones Exteriores, de manera injustificada o sin proporcionarle la información completa.

El primero es porque no se ejecutó plenamente el presupuesto destinado para la atención de connacionales en el exterior durante la pandemia del coronavirus. La fiscalía abrió una investigación por incumplimiento de deberes.

El segundo caso es por impulsar la promulgación del decreto supremo 4240 del 19 de mayo de 2020, que aprueba el reglamento del consejo evaluador y calificador de méritos, mismo que debía aprobar el escalafón diplomático. En este proceso es investigada por el delito de resoluciones contrarias a la constitución. 

El tercer proceso fue a raíz de una denuncia que presentó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por legitimación de ganancias ilícitas. Al respecto, la exautoridad afirmó que no recibió ninguna notificación sobre la existencia de ese proceso, además que no existen elementos de investigación.

La cuarta demanda interpuesta por la cancillería por presuntos nombramientos ilegales y usurpación de funciones durante su gestión, en la denuncia también se incluye al Magistrado del Tribunal Andino de Justicia, Gustavo García Brito y al exencargado de negocios de Bolivia en el Ecuador, Javier Loayza Barea. 

“El acoso judicial es de tal magnitud, al extremo de haber expedido mandamiento de apremio contra mi persona por no haber asistido a la audiencia para prestar declaración informativa. No obstante, que, de manera anticipada, hice llegar con mi abogada un memorial indicando que actualmente resido en Alemania, señalando la dirección actual y el número de teléfono. Es así como incluso el investigador asignado al caso me llamo por teléfono a mi número de celular de Alemania”, señala el documento.

La quinta causa es también por incumplimiento de deberes, pero se desconoce del contenido de la denuncia, en marzo de este año le notificaron con el proceso. La sexta demanda en su contra es un sumario administrativo del que tampoco se conoce las causales. Aseguró que solicitó información al ministerio de Relaciones Exteriores, empero no se le proporcionó ningún documento. 

Por último, Longaric dijo que el séptimo proceso es por presunto daño económico al Estado por no usar pasajes. Sobre ese caso, aseguró que su apoderado legal solicitó información a la Cancillería, pero no se le remitió ningún elemento que fundamente esa demanda.

Asimismo, indicó que concurrió a la Defensoría del Pueblo sobre la persecución política y vulneración de sus derechos, donde pidió que se pronuncie e investigue sobre las denuncias referidas; sin embargo, tampoco fue atendida.

Finalmente, la excanciller alertó que la práctica de hacer acusaciones de delitos inexistentes, “es una forma de represión política dirigida a silenciar las voces disidentes, a desprestigiar y denostar a las personas de bien, en su dignidad y en su integridad, causando un grave daño emocional y material”. 

“Por este tipo de acusaciones infundadas y persecutorias se ha ido socavando el estado de derecho y se ha creado una cultura de miedo e intimidación a través de citaciones a prestar declaraciones para activar los mecanismos de detención preventiva y así justificar abusos a los derechos humanos”, agrega su texto.