Presunta autoridad Argentina es acusada de "alentar" a bloqueadores en cabildo de Senkata

La presencia de la presunta diputada argentina Mercedes Trimarchi en movilizaciones registradas en la ciudad de El Alto desató una fuerte polémica política luego de que expresara públicamente su respaldo a las medidas de presión y alentara la continuidad de las protestas durante un cabildo desarrollado en la zona de Senkata.

Las declaraciones de la parlamentaria generaron críticas desde distintos sectores políticos y del Gobierno, que consideran su participación como una presunta injerencia en asuntos internos de Bolivia.

Durante su intervención, Trimarchi manifestó su solidaridad con los sectores movilizados y destacó la resistencia de las protestas. “Han logrado en seis meses poner en jaque a un gobierno como el de Rodrigo Paz, un gobierno derechista que viene a quitar todos los derechos que hemos conquistado con nuestra fuerza”, afirmó ante los asistentes.

Asimismo, señaló que llegó al país para expresar respaldo internacional a las movilizaciones.

“Quise venir aquí para aprender de ustedes y traerles la solidaridad internacional que tanto hace falta como pueblo latinoamericano que somos”, sostuvo.

Vino a Bolivia como "turista"

La diputada, identificada como integrante de sectores de izquierda socialista en Argentina, habría ingresado a Bolivia en calidad de turista, aspecto que ahora es evaluado por las autoridades bolivianas.

El director general de Migración, Eddy Ordoñez, informó que el Gobierno, en coordinación con Cancillería y la Embajada de Argentina, analiza las acciones que podrían asumirse en el marco de la normativa migratoria boliviana.

“Estamos en contacto tanto con Cancillería como con la Embajada Argentina para medir las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa migratoria boliviana”, señaló la autoridad.

Intromisión en asuntos políticos internos

Desde el Ejecutivo se remarcó que ningún ciudadano extranjero, y menos una autoridad legislativa de otro país, puede intervenir en conflictos políticos internos.

El caso también provocó reacciones en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios de distintas fuerzas políticas expresaron su rechazo y exigieron una intervención inmediata de la Cancillería, incluso planteando la posibilidad de expulsión.

Otro parlamentario afirmó que la presencia de la diputada estaría “agitando a la población movilizada” y remarcó que “los problemas de los bolivianos deben resolverse entre bolivianos”.

El Gobierno anticipó que continuará evaluando el caso para determinar si corresponde aplicar sanciones administrativas o medidas migratorias contra la legisladora extranjera.