Autoridades expresaron su preocupación por la demora en la atención para el paso de transportistas y viajeros en algunos puntos fronterizos.
05/03/2023 17:49
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El pasado lunes, Chile inició un despliegue militar en puntos críticos de su frontera con Perú y Bolivia, medida que durará 90 días y con la que busca aumentar el control del ingreso irregular de migrantes que generó una crisis de seguridad en el vecino país.
El despliegue militar contempla medidas como controles de identidad, registro de equipaje -si existe presunción de delito- y en ciertas circunstancias, disparos de advertencia, como parte de sus atribuciones con el objetivo de disuadir a las personas que cruzan la frontera a través de pasos no habilitados en las fronteras, según publicó la BBC.
Al respecto, desde el Gobierno de Luis Arce, se afirma que el despliegue militar de Chile en la frontera "no afecta" el tránsito de los bolivianos hacia ese país. Sin embargo, también expresaron su preocupación por la demora en la atención para el paso de transportistas y viajeros en algunos puntos fronterizos.
"Estamos haciendo un seguimiento permanente a algunas acciones diplomáticas en relación al decreto de militarización que se desarrolló en la República de Chile con alcance regional en el norte chileno con fronteras a Bolivia y Perú, teniendo en cuenta que hay una crisis producto de una migración irregular", indicó el vicecanciller Freddy Mamani.
La autoridad apuntó que Bolivia se ha convertido en un país tránsito.
"Países de origen son varios y el destino de esta migración irregular se ha constituido en la República de Chile y Chile ha desarrollado varias acciones durante las gestiones pasadas; una de las ellas fue la excavación de zanjas para que no puedan ingresar", recordó Mamani.
El 26 de enero pasado, el Congreso chileno, después de un fuerte debate, aprobó la protección de infraestructura crítica, que incorpora la atribución del presidente de la República para que disponga que las Fuerzas Armadas puedan hacer labores de protección “en caso de peligro grave o inminente”, lo que también incluye el resguardo de zonas fronterizas. Además, a través de la dictación de un Decreto con Fuerza de Ley, se regula las atribuciones y deberes de las FF. AA., el que puede ser renovado por 90 días cuando se evalúe la efectividad, explica El País.
El vicecanciller boliviano aseguró que este Decreto no afecta la migración regular de los ciudadanos bolivianos que deseen viajar a Chile.
"Hemos realizado una acción entre la Cancillería y el cónsul general de Chile para ver los alcances de este Decreto que se está aplicando en Chile. Ratificamos que no afecta en absoluto a los ciudadanos que deseen viajar a la República de Chile de forma regular. Los pasos fronterizos están habilitados", complementó.
La puesta en marcha de la medida fue anunciada la semana pasada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric y contempla el despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Se trata de zonas que, además, han presentado un aumento de los delitos asociados al tráfico de personas, de armas y de drogas. En el caso de Tarapacá, es también el lugar de Chile que tiene la mayor cantidad de homicidios del país asociados al crimen organizado, razón por la que el fiscal nacional, Ángel Valencia, nombró recientemente a un fiscal especial para que investigue 20 crímenes de alta complejidad.
Asimismo, en los últimos años han muerto decenas de personas a causa de los peligros a los que se exponen cuando cruzan la frontera por rutas clandestinas en el altiplano, una zona que alcanza altas temperaturas en el día y muy bajas por la noche.
Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica en comparación con otras naciones de la región.
Si bien las comunidades locales apuntan a que en su mayoría el ingreso está protagonizado por venezolanos, en las últimas semanas se ha reportado la llegada irregular de colombianos y salvadoreños. En el vecino país viven cerca de 1.500.000 migrantes en situación regular, un 7,5% de la población, según las últimas cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración de Chile en octubre del año pasado.
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