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Juristas independientes consideran que referéndum de reforma judicial podría realizarse en agosto de 2023

A partir del 25 de enero se habilitarán unos 17.000 libros en todo el país, con la meta de lograr 1,5 millones de firmas.

18/01/2023 13:58

Conferencia de prensa de adhesión a la solicitud de reforma judicial vía referendo constitucional, el 17 de enero de 2023. Foto: JOSÉ LAVAYEN/APG
La Paz, Bolivia

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Un grupo de juristas independientes impulsa un referéndum para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado en busca de una reforma de la cuestionada Justicia boliviana. Los especialistas aseguran que la votación puede realizarse en agosto de este 2023.

"De acuerdo a nuestra planificación y viendo los tiempos que necesita el sistema electoral para organizar un proceso de esta naturaleza, consideramos que el referéndum podría realizarse en agosto de este año para que la reforma entre en vigencia el 1º de enero del próximo año. De esta manera, las nuevas autoridades sean elegidas ya bajo la Constitución vigente, a partir de su aprobación en la consulta ciudadana", afirmó Ramiro Orias, miembro del grupo de juristas independientes.

Este martes, en conferencia de prensa, los juristas independientes junto a representantes de la Iglesia Católica, Jubileo y UNITAS anunciaron que se recolectará firmas desde la próxima semana para impulsar el referéndum.

"Ayer hemos tenido una conferencia de prensa con varias instituciones aliadas de la sociedad civil, la Iglesia Católica y asociaciones de profesionales que están apoyando esta iniciativa. Estamos en este proceso de organización logística y distribución de los libros que arrancará el 25 de enero con puntos fijos y móviles, donde los ciudadanos podrán expresar su adhesión a la iniciativa ciudadana de reforma constitucional de la justicia. Así que estamos a pocos días de de empezar ya con el proceso de recolección de las adhesiones ciudadanas", comentó.

Así, a partir del 25 de enero se habilitarán unos 17.000 libros en todo el país, con la meta de lograr 1,5 millones de firmas equivalentes al 20 % del padrón electoral, el porcentaje requerido para llevar adelante el referéndum. La recolección será hasta marzo.

"La norma boliviana establece que la reforma parcial de la Constitución puede ser por dos vías; una, los actores políticos representados en la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos; y otra a petición de los ciudadanos, mediante iniciativas de reforma constitucional respaldada por libros de adhesión que representen el 20% del Padrón Electoral. En ese sentido, necesitamos recolectar un millón y medio de firmas para que el Órgano Electoral convoque a un referéndum constitucional aprobatorio", explicó Orias.

El jurista indicó que la propuesta fue construida durante más de año y medio a través de diversos foros y ciclos de consulta con distintos actores en los nueve departamentos del país. Así, recolectaron distintos aportes que, básicamente, se traducen en lograr: una justicia independiente, a través de modificar el sistema de selección y designación de autoridades de la justicia; una justicia más transparente y eficaz, a través de una reforma del Consejo de la Magistratura y la provisión de un presupuesto adecuado para los servicios judiciales; una justicia accesible, a través de la creación de los Juzgados de Paz y servicios municipales de acceso a la justicia; y una justicia intercultural resignificando la justicia indígena originaria campesina, eliminando la Ley de Deslinde y sustituyéndola con mecanismos de cooperación y de coordinación entre ambas justicias.

"Ese es el contenido de la propuesta y cada uno de esos temas está reflejado en una pregunta. Serán cuatro preguntas que tiene que responder el ciudadano. Junto con la campaña de recolección de firmas, vamos a iniciar también con la estrategia de divulgación para que la propuesta sea amplificada y conocida por toda la ciudadanía", agregó Orias.

El TSE anticipó a principios de mes que su "gran tarea" este año será la organización de la elección de altos cargos del poder Judicial, cuyas dos versiones anteriores en 2011 y 2017 fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.

 

 

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