Ministerio de Gobierno demandará al juez que lo excluyó del proceso penal contra la RJC

Luego de que el Juez Cuarto de Instrucción Cautelar de la ciudad de Cochabamba, Andrés Arias Pereira, excluyera al Ministerio de Gobierno como querellante en el proceso contra los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), esta cartera de Estado anunció que lo demandará por prevaricato.

El martes 12 de octubre, Arias falló a favor de integrantes de la RJC que objetaron al Ministerio de Gobierno como querellante en un proceso que se lleva adelante por el delito de organización criminal.

Según el criterio del juez, la representación del Estado en este proceso es tuición de la Procuraduría, mientras que la persecución penal corresponde al Ministerio Público, mientas que no se observa cómo el Ministerio de Gobierno pudo ser afectado directamente en este caso, para constituirse en víctima. En ese marco, el juez declaró fundada la objeción para excluir al Ministerio de Gobierno como víctima en este caso, pero aclaró que puede ser coadyuvante del Ministerio Público, detalló el portal Erbol.

El abogado de los imputados, Jorge Valda, consideró que el fallo es histórico y que queda como precedente en otros casos donde el Ministerio de Gobierno actúa como parte procesal, por ejemplo en el caso de Adepcoca y la Resistencia de La Paz.   

En respuesta, este miércoles, el despacho de Gobierno denunció que existiría cierta “complicidad” entre el juzgado y la RJC por pretender dejar sin apoyo a las supuestas múltiples víctimas.

“Está más que clara la colusión que existe entre la defensa de la organización criminal Resistencia Juvenil Cochala y el juez Andrés Arias Pereira (…) quienes pretenden alejar a esta cartera de Estado del proceso penal para dejar sin apoyo a las múltiples victimas que hemos identificado y que han sufrido vejámenes, torturas, privación de libertad y lesiones graves y gravísimas”, señala el comunicado difundido por el ministerio de Gobierno, informó la agencia ABI.

En ese sentido, el ministerio de Gobierno apeló la decisión de dicho juez y consideró que "su resolución es antijurídica", argumentó que tiene respaldo constitucional para ser querellante en el proceso penal.

“Demandaremos al juez prevaricador, que, en el ejercicio de sus funciones, dictó resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la ley, aplicables al caso concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, en la sustanciación de una causa”, se lee en el comunicado de Gobierno.

Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado son los miembros de la RJC acusados por los destrozos que se cometieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020.