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Ordenan aprehensión de Carlos Schlink, exviceministro del Tesoro, por el caso FMI

El Ministerio Público argumentó que Schlink tramitó un crédito de forma irregular ante el FMI, para cubrir los gastos generados por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por el Covid-19

28/06/2021 21:11

La Paz, Bolivia

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La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, por el caso del crédito tramitado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en 2020.

El Ministerio Público argumentó que Schlink tramitó un crédito de forma irregular ante el FMI, y que por ello fue acusado por cuatro delitos: resoluciones contrarias a las Leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos contra el Estado e incumplimiento de deberes.

La abogada de Schlink, Audalia Zurita, consideró que la aprehensión es irregular, puesto que -según afirmó- no existe nada en el cuaderno de investigaciones que lo implique en la comisión de delitos.

Aseveró que, en su primera declaración, su defendido negó haber firmado un contrato, haber realizado la tramitación o alguna resolución para el crédito. Dijo que la Fiscalía lo acusa basándose en hechos generales, cuya responsabilidad es de otras exautoridades.

Carlos Schlink manifestó anteriormente que se enteró del proceso cuando el fin de semana intentaba viajar de Luna de Miel a Punta Cana, pero se lo impidieron por una alerta migratoria.

El exviceministro estuvo retenido entre sábado y domingo por la Policía y este lunes por la tarde llegó a La Paz para comparecer en la Fiscalía, después de lo cual se confirmó que había quedado aprehendido.

En este caso se investiga el crédito de 327 millones de dólares que gestionó el gobierno transitorio del FMI para cubrir los gastos generados por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por coronavirus.

El dinero fue desembolsado, a pesar de que la transacción no estaba aprobada por el Legislativo. El Banco Central, ya en el periodo del gobierno del MAS, determinó devolver esos recursos, aduciendo que hubo irregularidades, aunque eso implicó que el Estado boliviano pague intereses al organismo.

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