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Presidente del Colegio Médico de Cochabamba: "Se está obligando a matar personas"

El Colegio Médico Departamental señala a la Defensoría del Pueblo por presionar en la realización de intervenciones a niñas violadas y embarazadas.

Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Cochabamba.
Cochabamba, Bolivia

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El Colegio Médico Departamental respalda a los galenos que realizaron intervenciones a niñas violadas y embarazas y que ahora son investigados. Además, denuncian que hubo presiones de la Defensoría del Pueblo sin respetar criterios médicos.

"Es una lástima y es reprochable las situaciones que están pasando muchas niñas y adolescentes en nuestra ciudad y en nuestro país por las violaciones y embarazos. No se actúa drásticamente con las personas que cometen estos delitos, los abusadores y violadores", afirmó Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Cochabamba.

Son dos casos que conmocionaron en las últimas semanas. El primero fue la cesárea en la que nació el bebé Índigo en el Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi", falleció porque no tenía los pulmones completamente desarrollados. El segundo fue de la bebé Esperanza en el Hospital del Sur.

"Hay incongruencias en la justicia y en la Defensoría del Pueblo. Como médicos tenemos que defender la vida de la madre y  la vida del producto que está dentro del útero. Al médico que operó se lo quiere juzgar y nosotros haremos la defensa porque cometió un acto dentro de la ética médica, porque había sufrimiento fetal", afirmó.

Además, afirmó que la Defensoría del Pueblo exigió y obligó a realizar la intervención a las menores que tenían entre 27 a 28 semanas de embarazo. Apuntó que existen medios para poder inducir la maduración pulmonar y que podían haberse esperado unas dos o tres semanas todavía para después realizar la cesárea.

"El segundo caso no es un aborto, porque eso es hasta las 22 semanas. En el Hospital del Sur se obligó al personal médico a que se realice la cesárea en un hospital que no cuenta con terapia intensiva", agregó.

Comentó que la representante de la Defensoría del Pueblo permaneció en el nosocomio hasta que nazca la bebé. Sin embargo, no quiso firmar un documento y no hubo una orden fiscal.

"Están obligando a matar a las personas. (La bebé Esperanza) tenía todo el derecho de vivir. Deberían esperarse unas semanas para poder hacer la maduración pulmonar. Eso no es justo. A los médicos se les está obligando y el Colegio Médico les va a defender", aseveró Iriarte.

Expresó que en ambos nosocomios, los médicos se rehusaron a realizar las intervenciones.

"En el Hospital del Sur, es la Defensoría del Pueblo que obligó, primero al médico y luego al director del hospital, que, presionado, tuvo que dar la instrucción al ginecólogo que estaba ahí para que proceda con la cesárea. Esa niña no debía nacer ese día, había tiempo para poder darle oportunidad", dijo.

Del mismo modo, denunció que las presiones llegaron desde niveles superiores.

"Los médicos estamos siendo presionados en todas las instituciones para obedecer ciertas instrucciones de niveles superiores para que no pierdan sus cargos. ¿Qué está haciendo la Defensora del Pueblo con los jueces que no están llevando a cabo sus funciones respecto a estos casos? Se judicializa el acto médico", añadió.

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