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El préstamo del BID permitirá garantizar el incremento de la Renta Dignidad a Bs 500 y crear una base de datos para identificar con mayor precisión a los sectores vulnerables. La norma fue remitida al Senado para su revisión.
23/07/2026 7:13
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En su 148.ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el Proyecto de Ley N.º 450/2025-2026, que ratifica un contrato de préstamo de hasta $us 500 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos financiarán el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I, destinado principalmente a garantizar la continuidad del incremento de la Renta Dignidad y la creación de un Registro Social de Hogares.
“Habiendo sido aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para sus fines consiguientes de revisión”, informó la primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera.
Exigirán informes semestrales
Entre las modificaciones incorporadas al proyecto se incluyó un artículo que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a presentar, cada seis meses, un informe oral y escrito ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la ejecución de los recursos del préstamo.
Durante la sesión, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó los alcances del programa y detalló la distribución del financiamiento.
$us 485 millones para transferencias sociales
El principal componente contempla $us 485 millones para garantizar la continuidad e incremento de las transferencias sociales.
Estos recursos permitirán sostener el aumento de la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500, aplicado mediante el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que actualmente beneficia a aproximadamente 962.700 personas de sectores vulnerables.
Registro Social de Hogares
Otros $us 12,5 millones serán destinados a la creación de un Registro Social de Hogares, que permitirá identificar con mayor precisión las condiciones de vulnerabilidad de la población y mejorar la selección de beneficiarios de políticas sociales.
Espinoza explicó que esta herramienta busca complementar la información del Censo y evitar irregularidades en la asignación de bonos.
“Con este registro ya no habrá esos mecanismos de corrupción”, afirmó la autoridad.
Recursos para auditorías y evaluación
El tercer componente contempla $us 2,5 millones para tareas de administración, evaluación y auditoría del programa, incluidos estudios de impacto exigidos por el organismo financiador.
El préstamo tendrá un plazo de entre 18 y 23 años, con un periodo de gracia y pagos anuales estimados entre $us 40 millones y $us 50 millones. Los recursos estarán disponibles durante las próximas cuatro gestiones.
El proyecto deberá ser revisado ahora por la Cámara de Senadores antes de continuar con su trámite legislativo.
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