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Según cifras difundidas por el sistema de Naciones Unidas, las mujeres cuentan con apenas el 64% de los derechos legales de los hombres.
12/10/2026 12:02
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Cada 11 de octubre, Bolivia conmemora el Día de la Mujer Boliviana y Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Niña. Las dos fechas invitan a reconocer los avances en educación y derechos, pero también a mirar las barreras que todavía impiden que niñas y adolescentes crezcan seguras, sean escuchadas y accedan a la justicia.
Según cifras difundidas por el sistema de Naciones Unidas, las mujeres cuentan con apenas el 64% de los derechos legales de los hombres. Otra estimación de ONU Mujeres advierte que, al ritmo actual de reforma, eliminar las leyes discriminatorias y alcanzar la igualdad jurídica mundial podría tomar alrededor de 286 años.
“Si la norma está escrita debemos cumplirla”, dice Isabel Villarroel, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).
Contar con leyes es indispensable, pero no basta si no se conocen, y si no se aplican de manera oportuna y llegan a todas las mujeres y niñas. El tema elegido para el Día Internacional de la Niña de 2026 es “¡Acabemos con el matrimonio infantil e invirtamos en los derechos de las niñas!”. Naciones Unidas estima que más de 12 millones de niñas se casan antes de cumplir 18 años cada año, aproximadamente una cada tres segundos.
Bolivia: avances legales y desafíos pendientes
Bolivia dio un paso normativo el 24 de septiembre de 2025 con la promulgación de la Ley N.º 1639, modificatoria del Código de las Familias y del Proceso Familiar. La norma establece que el matrimonio o la unión libre solo pueden realizarse a partir de los 18 años y declara nulas las uniones celebradas con personas por debajo de la edad requerida. De esta manera, eliminó la excepción que permitía el matrimonio desde los 16 años bajo ciertas condiciones.
La Defensoría del Pueblo informó que, entre 2014 y septiembre de 2023, el país registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años. En el mismo periodo, identificó 487 matrimonios de niñas y adolescentes de entre 12 y 15 años, pese a que la Ley N.º 603 ya establecía una edad mínima de 16 años. Estos registros corresponden a matrimonios inscritos y no muestran las uniones informales.
La Encuesta de Demografía y Salud 2023 registró una reducción de la proporción de mujeres de 20 a 24 años que se habían unido antes de los 18: pasó del 21,7% en 2008 al 15% en 2023. Aunque es una señal de avance, no elimina la necesidad de prevenir la violencia, proteger la continuidad educativa y asegurar que la nueva norma se conozca y se cumpla en todos los departamentos.
El embarazo en niñas y adolescentes es otro indicador de alerta. Según datos del Sistema Único de Información en Salud, durante 2024 se registraron 28.078 embarazos en adolescentes y niñas, un promedio de 76 al día. La estadística no explica por sí sola las causas de cada embarazo, pero exige fortalecer la prevención, el acceso a servicios de salud y la respuesta ante posibles situaciones de violencia sexual.
Violencia sexual y acceso a la justicia
En 2024, el Ministerio Público reportó 11.437 casos de violencia sexual, de acuerdo con información difundida por UNFPA Bolivia. Para el primer semestre de 2026, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), con datos de la Policía, registró 4.108 denuncias por delitos contra la libertad sexual; el 95% correspondía a mujeres y la cifra fue 8,5% menor a la del mismo periodo de 2025.
La Fiscalía registró 965 casos de violación de infante, niña, niño o adolescente entre enero y junio de 2026, un promedio de aproximadamente cinco casos por día. La cifra corresponde a hechos registrados por el Ministerio Público y no debe interpretarse como una medición de todos los casos ocurridos, pues no toda violencia llega a denunciarse.
El feminicidio representa la expresión más extrema de violencia contra las mujeres. La Ley N.º 348, promulgada en 2013, establece un marco integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y el delito de feminicidio contempla una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Al 6 de octubre de 2026, la Fiscalía había reportado 66 víctimas de feminicidio en el país durante el año.
Formar profesionales que apliquen la ley con perspectiva de género
Para Isabel Villarroel, las y los profesionales del Derecho también deben identificar vacíos legales, litigar con perspectiva de género, contribuir a la prevención y promover políticas públicas que permitan ejercer derechos en condiciones de igualdad. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó en 2016 el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, cuyo cumplimiento fue definido como obligatorio para las autoridades judiciales.
“Litigar con perspectiva de género significa cerrar esas brechas y eliminar ese sesgo al momento de aplicar la norma. Es aplicar técnicas a través de instrumentos, normas y principios, para reducir esa brecha entre varón y mujer en el acceso a la justicia”, dice Villarroel.
En la formación universitaria, esto implica estudiar la normativa junto con los derechos humanos, analizar cómo se toman decisiones en casos concretos y reconocer los estereotipos que pueden afectar la interpretación de los hechos. Las competencias jurídicas no terminan en conocer el texto de la ley, también requieren saber aplicarlo sin prejuicios y con atención a las condiciones de niñas, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Escuchar, acompañar y evitar la revictimización
La protección no termina cuando una denuncia ingresa al sistema judicial. Para una niña o adolescente, narrar una experiencia de violencia puede implicar miedo, vergüenza y preocupación por no ser creída, especialmente si el agresor es una persona cercana o de confianza. La repetición innecesaria del relato y la falta de escucha pueden intensificar el daño y convertirse en nuevas formas de revictimización.
“Cuando la niña entra a un proceso judicial y debe decir lo que le ha pasado y repetirlo una y otra vez, hay que recordar que siente vergüenza, siente miedo”, explica Vania Gismondi Paredes, directora de la carrera de Psicología de Unifranz.
Gismondi explica que el vínculo de confianza con el agresor y el temor a que la familia no crea el relato pueden contribuir al silencio. Por ello, recomienda escuchar sin juzgar, tomar en serio lo que la niña comunica y activar las rutas de protección y denuncia correspondientes. El acompañamiento debe considerar su edad, etapa de desarrollo y necesidades emocionales, sin presionarla ni responsabilizarla por lo ocurrido.
“Muchas veces decimos que los niños son el futuro, pero no, los niños son el presente, están aquí, y necesitan ser escuchados”, afirma Vania.
La formación profesional también necesita reconocer que no se acompaña del mismo modo a una niña de cinco años, a una de ocho, a una adolescente o a una persona adulta. Comprender las distintas etapas de desarrollo y trabajar coordinadamente con los servicios de protección, salud y justicia ayuda a que la intervención sea más segura, respetuosa y adecuada.
La niña de hoy necesita derechos en el presente
Más de un siglo después de la labor educativa de Adela Zamudio, en honor a quien se recuerda el día de la mujer Boliviana, el reto sigue siendo que los derechos no queden solo en el papel. Proteger a las niñas exige mantenerlas seguras, escuchar sus voces, garantizar educación y salud, prevenir las uniones tempranas y asegurar profesionales capaces de aplicar la ley con responsabilidad. Las niñas no son únicamente las mujeres del mañana; son personas con derechos que deben respetarse hoy.
“Deben quererse y respetarse, plantear sus objetivos y avanzar con estudio, disciplina y fortaleza. El mundo es suyo”, señala Villarroel.