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Argentina: detienen a una expolicía acusada de reclutar personas para la guerra de Ucrania

Griselda Inés Ortiz, exintegrante de la Policía Bonaerense, fue detenida en Tigre. La Justicia investiga una presunta red que habría captado a argentinos con promesas de salarios en dólares para enviarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Cae una presunta reclutadora de argentinos para combatir en Ucrania. Foto: PFA
Buenos Aires, Argentina

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La detención de una expolicía bonaerense en el partido de Tigre destapó una investigación que generó preocupación en Argentina por la presunta existencia de una red dedicada a reclutar ciudadanos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La detenida fue identificada como Griselda Inés Ortiz, de 45 años, quien es investigada por su presunta participación en una organización que habría captado principalmente a exmilitares y expolicías argentinos para enviarlos a la zona de conflicto.

La causa es investigada por la Justicia Federal de Argentina y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) bajo la hipótesis de un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzoso en un contexto de conflicto armado.

Promesas de salarios en dólares

De acuerdo con la investigación, la presunta organización buscaba principalmente a hombres jóvenes con experiencia militar o policial y conocimientos en el manejo de armas.

La captación se habría realizado mediante redes sociales y plataformas digitales, donde se ofrecían salarios de entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales, según las condiciones y el destino asignado.

Los investigadores sospechan que a algunos de los captados se les ofrecían inicialmente trabajos que no estaban relacionados con actividades militares.

Viajes y contratos en Ucrania

Según la hipótesis de la investigación, a las personas reclutadas se les gestionaban pasajes aéreos de ida y se les indicaba qué información proporcionar ante las autoridades migratorias.

Una vez que llegaban a destino, presuntamente se encontraban en una situación de vulnerabilidad, con dificultades para regresar y bajo presión para firmar contratos redactados en ucraniano, idioma que no conocían.

La Justicia busca determinar cuántas personas fueron captadas mediante este mecanismo y cuál era exactamente el papel que desempeñaba cada integrante de la presunta organización.

La investigación comenzó en Ezeiza

El caso tomó fuerza después de que cuatro hombres fueran demorados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al generar sospechas entre las autoridades.

Según la investigación, los pasajeros no podían explicar quién había pagado sus boletos, no contaban con dinero suficiente para mantenerse durante el viaje ni tenían pasajes de regreso.

Durante las averiguaciones, habrían reconocido que fueron contactados a través de plataformas digitales para viajar al extranjero y terminar combatiendo en la guerra.

Las autoridades investigan además otros posibles casos similares en distintas provincias argentinas, entre ellas Santa Fe y Tucumán.

La expolicía habría tenido experiencia en Ucrania

Uno de los aspectos que analiza la investigación es el supuesto vínculo previo de Ortiz con el conflicto.

Según la información proporcionada en la causa, la exagente habría viajado anteriormente a Europa para participar en el conflicto y, tras regresar a Argentina, habría asumido presuntamente tareas de captación.

Ortiz dejó la Policía Bonaerense después de varios años de servicio y fue detenida por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

En tanto, su pareja, un exintegrante de la Policía Federal Argentina señalado como presunto colaborador en la logística de la red, permanece prófugo. Según la investigación, habría escapado hacia Brasil antes de que se realizaran los allanamientos.

Debate llega al Congreso argentino

El caso también abrió un debate legislativo debido a las dificultades para encuadrar específicamente el reclutamiento de mercenarios para conflictos extranjeros dentro de la legislación penal argentina.

Tras la detención de Ortiz, legisladores presentaron un proyecto de ley que busca incorporar esta conducta como un delito específico en el Código Penal.

La iniciativa pretende establecer sanciones para quienes recluten, financien, trasladen o faciliten la participación de personas en fuerzas mercenarias extranjeras, especialmente cuando existan engaños, amenazas o situaciones de vulnerabilidad.

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