Informe policial vincula a Zapatero con gestiones en Bolivia por 200.000 euros

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por realizar gestiones e influir ante autoridades bolivianas en favor de intereses privados involucrados en litigios de alto valor económico.

Según el documento difundido por el medio español 20minutos, el exmandatario habría mantenido contactos con altas autoridades del Gobierno boliviano durante 2024 y 2025 con el objetivo de intervenir en procesos relacionados con controversias económicas y judiciales.

La investigación señala que una compañía extranjera habría contratado los servicios de Zapatero para mediar o influir en conflictos millonarios que mantenía con la administración pública boliviana. De acuerdo con la UDEF, estas gestiones incluyeron reuniones o comunicaciones con el entonces presidente Luis Arce, además de exministros y otras altas autoridades estatales.

Uno de los casos mencionados en el informe está relacionado con una acción constitucional vinculada a una demanda superior a los 100 millones de dólares. La resolución favorable emitida por un tribunal boliviano en mayo de 2025 es citada por los investigadores como parte de los hechos bajo análisis.

La UDEF también identificó un contrato de asesoramiento mediante el cual Zapatero habría recibido 200.000 euros durante un año, además de viáticos y gastos de viaje. Los investigadores sostienen que, hasta el momento, no encontraron evidencia documental que acredite labores concretas de consultoría o asesoramiento que justifiquen dichos pagos.

El informe recoge además mensajes atribuidos a la secretaria del expresidente español, mediante los cuales se habrían coordinado reuniones con autoridades bolivianas. Entre ellas figura un encuentro realizado en septiembre de 2024 en la sede del Gobierno, así como posteriores comunicaciones relacionadas con los procesos en disputa.

De acuerdo con la investigación, los contactos se extendieron durante varios meses y continuaron en 2025. Los agentes sostienen que existieron nuevas comunicaciones con autoridades bolivianas mientras se desarrollaban actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con los casos de interés para los contratantes.

La resolución judicial favorable obtenida en Bolivia aún debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según la UDEF, el pago acordado habría sido completado semanas después de que concluyeran las gestiones que son objeto de investigación.

Hasta la fecha, las conclusiones forman parte de una investigación policial en curso y no constituyen una sentencia judicial firme sobre los hechos analizados.

Con información del portal de noticias 20 Minutos