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El líder criminal enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel si rechaza el pacto de colaboración con las autoridades federales.
20/05/2026 18:53
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La audiencia preliminar del uruguayo Sebastián Marset en el estado de Virginia, Estados Unidos, fue suspendida y reagendada formalmente para el próximo 1 de julio. Esta postergación responde a una estrategia bilateral que busca abrir un espacio de diálogo para acordar un eventual pacto de culpabilidad.
El juez federal Rossie Alston Jr. validó la extensión del plazo procesal tras recibir una solicitud formal firmada por el propio acusado y su defensa técnica. El aplazamiento del caso genera una enorme expectativa algunas regiones de sudamérica debido a las profundas ramificaciones internacionales de la organización.
Un arsenal de evidencias tecnológicas
La Fiscalía de los Estados Unidos, representada por el agente Anthony Aminoff, logró acumular un masivo expediente que contiene un total de 22 gigabytes de evidencia digital. Las pruebas fundamentales contra el procesado incluyen múltiples comunicaciones interceptadas en diversos idiomas y miles de documentos financieros de alta complejidad.
A este acervo probatorio se suman decenas de miles de páginas con registros bancarios remitidos mediante convenios de cooperación por Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia. Asimismo, los peritos analizan la información extraída de su teléfono celular personal, el cual fue hallado recientemente en una caja fuerte.
El dilema del presunto capo narco
El sospechoso se encuentra recluido bajo estrictas medidas de seguridad en una penitenciaría federal ubicada en la localidad de Alexandria, Virginia. En este escenario, el investigado analiza junto a su abogado los beneficios de aceptar los cargos de conspiración para el lavado de activos.
Una eventual declaración de culpabilidad obligaría al procesado a colaborar activamente con la justicia norteamericana aportando datos precisos sobre el narcotráfico internacional. Este camino le permitiría mitigar el castigo penal y obtener una sustancial reducción en los años de reclusión en territorio estadounidense.
Un futuro judicial de alto riesgo
De rechazar el acuerdo de la Fiscalía y optar por un juicio oral, el imputado se expondría a las máximas sanciones de la legislación federal. Las consecuencias legales incluirían una pena privativa de libertad de hasta 20 años y severas penalizaciones económicas que superan los 500.000 dólares.
Fuente: ABC Color.
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