Sin ayudas estatales para quienes dañen lo público: Chile implementará un polémico "Registro de Vándalos"

En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el próximo envío de un controvertido proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa busca un objetivo drástico: quitarle los beneficios y subsidios económicos del Estado a quienes cometan delitos violentos o dañen la infraestructura pública.

El anuncio se produce en un momento complejo para la administración de derecha chilena, golpeada en las encuestas por la percepción ciudadana de que no existe un plan concreto para frenar la delincuencia tradicional y la irrupción de bandas criminales transnacionales. Con este proyecto, el Ejecutivo apuesta por una política de "mano dura" orientada al orden urbano y el respeto a la autoridad.

¿En qué consiste el "Rol Único de Vándalos"?

El proyecto, adelantado por el mandatario y su subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dividirá las conductas sancionables en dos categorías, pero ambas tendrán un impacto directo en el bolsillo de los infractores:

• Delitos graves: Aquellas personas que agredan a la policía (Carabineros) o al personal de salud, trafiquen drogas, secuestren el transporte público (como la reciente quema de autobuses en Santiago) o dañen monumentos nacionales, ingresarán de inmediato al registro.

• Incivilidades menores: Se tipificarán conductas que hoy no constituyen delitos graves pero que, según el Gobierno, deterioran los barrios. Esto incluye pintar grafitis sin permiso en propiedades públicas o privadas, destruir paradas de autobús, consumir drogas en la calle o vender alcohol de forma ilegal en la vía pública.

"Esto de que no hay responsables se va a terminar. Nadie que queme un autobús, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal", enfatizó Kast ante el Parlamento chileno.

Los beneficios sociales en la mira

El punto más polémico de la propuesta —y que anticipa un duro debate jurídico y legislativo en el Congreso chileno— es la pérdida de derechos adquiridos y ayudas estatales. Quienes queden inscritos en esta lista negra perderán o se les prohibirá postular a:

1. Gratuidad universitaria: El financiamiento estatal para estudios superiores.

2. Pensión Garantizada Universal (PGU): El apoyo económico mensual que reciben los adultos mayores del país.

3. Subsidios de vivienda: Ayudas estatales como el subsidio para el arrendamiento de propiedades.

Aunque el Ejecutivo aseguró que el sistema contemplará mecanismos de rehabilitación, aclararon que el retorno a los beneficios solo se dará mediante "hechos concretos" de reparación.

La seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los chilenos, desplazando incluso a la economía debido a delitos antes poco comunes en el país, como los secuestros extorsivos y el sicariato. A menos de tres meses de haber asumido el poder, el gobierno chileno busca con este Registro Nacional dar una señal de autoridad hacia su electorado. El anuncio estuvo acompañado de un fuerte respaldo discursivo a las fuerzas de orden y del despliegue próximo de un plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos a lo largo de Chile.

Con datos de biobiochile.cl, La Tercera y 24 Horas.