Gálvez afirma que en Bolivia “se ha terminado la impunidad” y pide que Saucedo enfrente la justicia

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que en Bolivia “se ha terminado la impunidad” y sostuvo que toda persona requerida por la justicia debe presentarse a declarar, independientemente del cargo que ocupe. Sus declaraciones se producen en medio de las investigaciones vinculadas al exfiscal general Roger Mariaca y la orden de aprehensión contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Gálvez señaló que la salida de Saucedo del país tomó por sorpresa a la vocería presidencial, pero consideró que el hecho debe analizarse en el contexto de las investigaciones sobre posibles redes de corrupción y vínculos criminales dentro de instituciones del Estado.

“La salida del país de una autoridad no es el problema central; el problema central es lo que debemos investigar detrás del sistema que ha dejado”, manifestó.

El vocero remarcó que el Gobierno no abre procesos penales ni dicta fallos y que corresponde al Ministerio Público y a las instancias judiciales investigar los posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios públicos.

“No hay toga que proteja”

Consultado sobre la situación de Saucedo y las acusaciones que el exmagistrado publicó antes de salir del país, Gálvez negó que el Ejecutivo haya impulsado una investigación directa en su contra y rechazó que exista algún acuerdo con autoridades judiciales para sustituirlo.

Sin embargo, insistió en que no debe haber privilegios para quienes sean requeridos por la justicia.

“No hay intocables, no hay blindajes, no hay cargo que protejan y, si lo tengo que decir en este contexto, no hay toga que proteja, la influencia política no protege”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que quien sea convocado por las autoridades competentes debe presentarse y ejercer su defensa en los estrados correspondientes.

Piden esclarecer hasta dónde llegó la red de impunidad

Gálvez señaló que la investigación relacionada con Mariaca debe profundizarse para establecer el alcance de las presuntas redes de corrupción, protección e influencia dentro del sistema judicial.

Afirmó que el objetivo debe ser recuperar la independencia de la justicia y evitar que las instituciones sean utilizadas para proteger estructuras criminales.

“En Bolivia se ha terminado la impunidad e, independientemente de los cargos, independientemente de las circunstancias particulares que anulan a la persona, si son requeridas por la justicia, deberán presentarse a rendir cuentas”, expresó.

El vocero consideró que los cambios en la administración de justicia no deben limitarse al reemplazo de autoridades, sino que requieren una transformación estructural.

“Lo que hay que cambiar es el sistema”, respondió al ser consultado sobre si cambiar personas permitirá mejorar la justicia en el país.