Prohíben a funcionarios públicos bloquear a ciudadanos en redes sociales

Es cada vez más frecuente que los funcionarios públicos, legisladores y otros personajes involucrados con la política, el poder y puestos de elección popular tengan presencia en las redes sociales.

A través de sus cuentas de Twitter, los funcionarios públicos sostienen diálogos directos con la ciudadanía y esta vía se convierte en un canal de gran efectividad en la que quienes ocupan puestos de gobiernos pueden comprender mejor las necesidades de la población.

El problema surge cuando los personajes en cuestión no aceptan la crítica ni la confrontación cotidiana que se desarrolla, por ejemplo, a través de Twitter. Entonces, muchos aprovechan para bloquear a los usuarios incómodos, como sucedió con Javier Lozano, cuando era senador del Partido Acción Nacional, con quien redacta estas líneas.

Por eso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los servidores públicos se obligan a tener conversación con los ciudadanos y que no pueden bloquearlos.

Se trata de un proyecto promovido por el ministro Eduardo Medina Mora, en el que se afirma que los funcionarios no pueden alegar derecho a la intimidad cuando en realidad “se atenta contra los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos”.

En consecuencia, la Sala votó por confirmar el amparo concedido a Miguel Ángel León Carmona, periodista veracruzano que fue bloqueado en Twitter por el fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler para que no pueda acceder a la información que ahí se publicaba.

El proyecto avalado establece que el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad alegado por Winckler pues el bloqueo que realizó implicó una restricción indebida al derecho de información del periodista.