Protestas en Colombia: ¿Por qué se han disparado las protestas contra el Gobierno de Iván Duque?

(Agencias)

Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron ya al menos 24 muertos, la mayoría por disparos.

Bajo la lupa de la comunidad internacional -que denunció excesos de la fuerza pública-, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.

El disparador fue el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Pero el abanico del descontento era más amplio, por eso no amainó luego de que el presidente anunciara que retiraba el proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición y otros con actores políticos.

Los reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.

Los manifestantes salieron hace una semana a las calles, desafiando una orden judicial que dictaminaba que las marchas debían suspenderse por el aumento de los casos de coronavirus. Las fuerzas de seguridad se han desplegado con fuerza en las principales ciudades colombianas a las que han acudido miembros de grupos indígenas, organizaciones de sociedad civil y miembros de sindicatos para protestar contra la reforma fiscal.

La dura actuación de las fuerzas de seguridad y la ira de los manifestantes ha hecho que las protestas deriven en violencia. Según la Fiscalía General, desde el 28 de abril se han registrado 24 víctimas mortales, y organizaciones sin ánimo de lucro han documentado 1.181 casos de violencia policial.

¿Qué dice la reforma fiscal?

La reforma fiscal, con la que el presidente colombiano buscaba mitigar la crisis económica que ha dejado la pandemia y recaudar 23,4 billones de pesos (más de 5.000 millones de euros), habría reducido el umbral en el que se gravan los salarios, afectando a cualquier persona con un ingreso mensual de 2,4 millones de pesos colombianos (alrededor de 550 euros al cambio), en un país en el que el salario mínimo es equivalente a unos 205 euros. El proyecto también pretendía ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos.

“La reforma que propuso Iván Duque no iba mal encaminada en algunos aspectos técnicos, como ampliar la base tributaria y ampliar la cantidad de personas que declaran renta”, subraya en declaraciones a RTVE.es Erika Rodríguez, profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. “El problema es que también tenía otros aspectos, como poner IVA a los servicios públicos, como el agua y la luz. Lo que haría el presidente es que a las personas desfavorecidas se les retornaría el IVA a través de una transferencia mensual, pero solo a personas en condiciones de pobreza, con lo cual, la afectación sobre la clase media sería alta”, detalla.

El año pasado el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia cayó un 6,8%, lo que supuso su mayor desplome en medio siglo. Además, la pandemia ha aumentado la pobreza, el desempleo y la desigualdad en el país.

Violencia en las calles y denuncia de abusos policiales

La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno en medio de las protestas. Según Reporteros sin Fronteras hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.

El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país durante las manifestaciones. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales. Desde el fin de semana los militares también patrullan la capital.

Las protestas han sido particularmente violentas en la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali. En esta ciudad, responsables de la misión de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía”, según ha señalado la portavoz de esa agencia de la ONU, Marta Hurtado.

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, ha asegurado que miembros de la comisión han recibido “amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.