El comunicado emitido por la Dirección General de Régimen Penitenciario indica que el juez competente debe notificar con 24 horas de anticipación al director del establecimiento sobre el lugar, fecha y hora de la realización del acto.
25/10/2023 17:49
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La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado oficial en respuesta a la polémica generada en torno al permiso concedido por el juez Juan José Quiroz, para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, saliera del penal de Chonchocoro y participe en el Consejo Nacional de Autonomías.
Pasadas las16:30 aproximadamente, la reunión se instaló sin la presencia de la autoridad cruceña.
En el comunicado, se destaca que "la orden de salida de Luis Fernando Camacho Vaca, emitida por una autoridad competente para el día de hoy, 25 de octubre del presente año, no llegó de manera física al centro penitenciario de Chonchocoro ni mediante el uso de la plataforma ciudadana digital en el plazo establecido".
El comunicado hace hincapié en que todas las salidas o traslados de las personas privadas de libertad se llevan a cabo en estricto cumplimiento de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. El Artículo 109 de esta ley establece que el juez de Ejecución Penal, mediante resolución fundada, debe conceder los permisos de salida, y que estas resoluciones deben ser emitidas dentro de las veinticuatro horas de recibida la resolución original, disponiéndose las medidas de seguridad necesarias.
Además, el Artículo 110 señala que el director del establecimiento penitenciario tiene la responsabilidad de garantizar que el interno comparezca puntualmente a todos los actos judiciales a los que sea citado, disponiendo las medidas de seguridad convenientes. A su vez, el juez competente debe notificar con 24 horas de anticipación al director del establecimiento sobre el lugar, fecha y hora de la realización del acto.
La reunión se lleva adelante en un contexto en el que diferentes regiones del país se ven azotadas por los incendios forestales, tema que los participantes prevén poner sobre la mesa.
De manera previa, Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, recordó que “la ley establece que las órdenes judiciales como ésta son de cumplimiento obligatorio, entre tanto sean notificadas, y ya ha sido notificada". Por este motivo señaló que "si no lo trasladan, habrá consecuencias legales".
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