Advierten disputa por territorio del narcotráfico tras caída de Marset

El criminólogo Rubén Barrientos advirtió sobre una posible disputa territorial entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas como San Matías, donde la cercanía con Brasil convierte al territorio en un punto estratégico para el tráfico de sustancias y otras actividades ilícitas.

Durante un análisis sobre los recientes hechos de violencia, Barrientos sostuvo que la captura y salida del escenario criminal de Sebastián Marset no significan necesariamente el desmantelamiento de la estructura que habría construido en Bolivia. Según el experto, el vacío dejado por el ciudadano uruguayo podría estar generando una pugna entre grupos que buscan controlar sus rutas, mercados y conexiones.

“Saquemos del narcotráfico al señor Marset, pero no saquemos lo que ha dejado”, afirmó el criminólogo Rubén Barrientos.

Control del narcotráfico provoca violencia

El especialista explicó que la disputa por el control de estos espacios puede derivar en hechos violentos y ataques dirigidos incluso contra instituciones del Estado, como la Policía. En ese sentido, consideró que la violencia registrada recientemente debe ser analizada más allá de hechos aislados y dentro de una posible dinámica de expansión de estructuras criminales.

Barrientos identificó a San Matías como uno de los puntos críticos, principalmente por su proximidad con Brasil y por las rutas que permiten conectar Bolivia con otros países de la región. También mencionó otras zonas fronterizas como San Ignacio y Guayaramerín, además de Cobija, como lugares que requieren especial atención y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.

Lucha contra el crimen organizado

El criminólogo cuestionó las condiciones de control en las fronteras bolivianas y señaló que la falta de personal, tecnología, equipamiento y mecanismos de vigilancia puede facilitar el desplazamiento de organizaciones criminales provenientes de otros países.

“Nuestras fronteras carecen de seguridad, nuestras fronteras carecen de mecanismos de control y fortalecimiento”, advirtió Barrientos.

Cooperación con Brasil

Ante el anuncio de una estrategia conjunta entre Bolivia y Brasil para combatir al crimen organizado, el experto consideró que la cooperación debe ir más allá del intercambio de información y traducirse en acciones permanentes.

Entre las medidas planteadas mencionó el fortalecimiento de la inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales para detectar lavado de activos, control de armas y coordinación con países vecinos y organismos internacionales.

También sostuvo que las zonas fronterizas consideradas críticas deberían contar con un diagnóstico permanente que permita determinar sus necesidades en materia de personal, armamento, comunicaciones y tecnología.

Barrientos remarcó que el crimen organizado no debe ser enfrentado únicamente desde el ámbito policial, sino mediante una estrategia integral que involucre a distintas instituciones del Estado.

Riesgo de una escalada de violencia

El criminólogo alertó que una respuesta tardía podría generar una mayor escalada de violencia y extender los enfrentamientos desde las zonas fronterizas hacia las capitales y otras ciudades.

En ese contexto, recordó antecedentes de ataques y muertes que han involucrado a distintos actores, entre ellos policías, jueces y magistrados, como señales de que las organizaciones criminales pueden representar un desafío cada vez mayor para las instituciones estatales.

Sin embargo, consideró que Bolivia todavía está a tiempo de contener la expansión del crimen organizado, siempre que las autoridades mantengan acciones permanentes y refuercen los puntos considerados estratégicos.

El experto destacó además los recientes operativos desarrollados en San Matías, aunque insistió en que los resultados deben ir acompañados de políticas sostenidas para evitar que las estructuras criminales vuelvan a reorganizarse.

Barrientos sostuvo que la seguridad ya no puede ser considerada únicamente un problema policial, sino un desafío que requiere una respuesta integral del Estado, con especial atención en las fronteras y en las rutas utilizadas por organizaciones criminales.