Confirman minería ilegal en Misicuni tras inspección y comunarios denuncian falsas promesas de obras

Autoridades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y representantes municipales realizaron este viernes una inspección in situ en el sector de Misicuni, muy cerca de la cuenca del río Serkheta, donde evidenciaron la existencia de actividad minera ilegal dentro del Parque Nacional Tunari.

Durante el operativo, las comitivas constataron labores de explotación a cielo abierto y excavaciones en el cerro. Aunque no se hallaron campamentos activos ni maquinaria en el lugar, el presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, indicó que los suelos presentaban huellas recientes de tractores y tierra removida, lo que sugiere el uso de equipo pesado hasta hace pocas horas o días.

Por su parte, el director de la AJAM, Daniel Gonzales, señaló que se investigará la magnitud de los trabajos —sin descartar la presencia de bocaminas— para identificar a los responsables e iniciar las paralizaciones y notificaciones correspondientes. Asimismo, indicó que el área no cuenta con autorizaciones legales.

Acciones legales y postura del Sernap

Desde el Sernap, su director departamental, Pedro Lovera, ratificó que toda actividad minera en la zona es ilegal y anunció el inicio de procesos y acciones legales por daño ambiental, en estricto cumplimiento de la normativa para la protección de áreas protegidas y del recurso hídrico que alimenta la represa.

Respecto al posible uso de mercurio u otros metales pesados en la explotación aurífera, el Sernap indicó que no se pudo constatar su empleo directo en el lugar, por lo que aguardarán los resultados oficiales de las muestras de agua recolectadas durante las últimas jornadas.

Colaboración de los comunarios y antecedentes

Durante la inspección, los pobladores y dirigentes de Misicuni colaboraron con las autoridades abriendo los accesos y trancas para permitir el paso de la comitiva y la toma de muestras.

Los comunarios reconocieron que en el pasado permitieron el ingreso de personas externas debido a promesas de construcción de obras sociales, como escuelas y postas sanitarias. Sin embargo, denunciaron que los mineros nunca cumplieron con lo pactado, motivo por el cual la propia comunidad decidió paralizar las actividades y cerrarles el paso, pese a que los interesados continúan asistiendo ocasionalmente a asambleas locales para intentar restablecer las negociaciones.