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La Cámara Departamental de la Minería aclaró que las empresas no están afiliadas ni reguladas, mientras que legisladoras departamentales anunciaron peticiones de informe e inspecciones de fiscalización.
10/11/2026 22:35
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La Cámara Departamental de la Minería (Cademin) de Cochabamba confirmó que las actividades de extracción minera reportadas en cercanías del río Cerqueta —afluente del embalse de Misicuni— son ilegales y no forman parte del sector formalmente constituido, elevando la preocupación sobre posibles riesgos de contaminación acuífera en la zona.
El presidente de Cademin, Mirko Bellot, aclaró que las operaciones asentadas en el lugar no figuran en sus registros institucionales. "La operación minera esta no es parte de nuestra Cámara, hemos verificado la base de datos, no es afiliado, pero de todas maneras la Cámara de Minería promueve la explotación y el trabajo formal, totalmente legal", aseveró.
El titular del gremio minero enfatizó que la falta de regulación impide certificar el cumplimiento de estándares medioambientales. "Todo lo que no está normado y no está regulado es sujeto a ser especulativo y a hacer manejos indiscriminados. En todo caso lo más importante de esto es tratar en lo posible de reducir si se quiere más a las empresas, a la migración de operaciones totalmente legales y establecidas que permita hacer un seguimiento y una trazabilidad", agregó Bellot, solicitando que las instancias de control hagan cumplir la normativa vigente.
Acciones legislativas y solicitudes de fiscalización
Ante el avance de las denuncias, miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba anunciaron el inicio de acciones de fiscalización a las autoridades ejecutivas e institucionales correspondientes.
La asambleísta Claudia Martínez informó sobre el envío de una petición de informe escrito dirigida a evaluar los antecedentes de la zona. "Hemos remitido nosotros ya una petición de informe el pasado viernes, donde hemos solicitado que se nos remitan toda la documentación pertinente sobre la concesión minera que existe en el lugar, El Dorado, que son 13 cuadrículas emitidas por la AJAM a través de una T el 2005. Queremos ver a lo largo de estos años qué ha hecho la gobernación, considerando que se encuentra pues emplazada en una reserva natural como es el Tunari", sostuvo Martínez.
Asimismo, la legisladora criticó la falta de seguimiento por parte de las autoridades departamentales en la emisión y verificación de licencias ambientales en un curso de agua clave para la represa de Misicuni, adelantando que solicitarán la conformación de una comisión especial en el pleno legislativo para abordar el tema.
Por su parte, la asambleísta Toribia Lero consideró prioritaria la atención del caso. "No podría de ninguna manera pasar por alto esta situación gravísima que atenta contra la vida, contra la humanidad, contra la salud de la gran parte de la población", declaró.
Ambas parlamentarias señalaron que pedirán la articulación de un frente institucional integrado por la Autoridad de Jurisdicción Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la Gobernación de Cochabamba, el Municipio de Quillacollo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público e instancias parlamentarias, con el fin de realizar inspecciones en el lugar e instruir los procesos de investigación pertinentes.