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Desde la Empresa Misicuni señalan que el acceso al área está bloqueado por trancas comunales en el Parque Nacional Tunari, mientras que el Ministerio Público aclara que requiere una denuncia formal para iniciar investigaciones.
10/11/2026 20:51
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La Empresa Misicuni informó sobre la imposibilidad de ingresar a la zona del río Cerqueta para verificar la presunta realización de actividades de explotación minera, debido a la presencia de trancas de control e insatisfacción o resistencia instaladas por comunarios del lugar.
El gerente general de Misicuni, Adrián Murillo, explicó que el posible desarrollo de extracción de mineral en el sitio responde por ahora a presunciones basadas en testimonios e imágenes aéreas. "Lo que dicen, voy a hablar de supuestos, porque nadie sabe bien, porque no dejan entrar. Es un rumor que hay en las comunidades que existen alrededor y de los mismos trabajadores que están acá, pero nadie ha podido llegar hasta ahí. Y por los visuales satelitales que se han mostrado y que nosotros también ya hemos verificado, pareciera que es oro", declaró la autoridad ejecutiva.
Controles de calidad del agua y competencia institucional
Ante las inquietudes surgidas por el eventual uso de sustancias tóxicas como el mercurio en operaciones de minería ilegal, Murillo precisó que los registros históricos de la empresa no muestran alteraciones en la cuenca. "Sinceramente, hasta ahora, después de todas las muestras y todo el historial que se tiene en Misicuni, no se ha percatado la presencia de mercurio en el embalse. Entonces, pero para tranquilidad de la población, vamos a hacer un nuevo ensayo en presencia de la prensa", sostuvo.
Asimismo, desde la empresa estatal instaron a la Autoridad de Jurisdicción Minera (AJAM) y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) a intervenir en el sector, recordando que la zona señalada se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari, un área protegida por norma explícita donde la actividad extractiva no está permitida.
Posición del Ministerio Público
Por su parte, la Fiscalía Departamental de Cochabamba se refirió a las condiciones normativas requeridas para iniciar formalmente las indagaciones de oficio o por requerimiento respecto a la posible contaminación o explotación no autorizada.
El fiscal departamental, Eddy Ordóñez, señaló que la institución actúa ante la notificación directa y formal de un ilícito. "El Ministerio Público tiene competencia en función de la noticia fehaciente sobre la probable comisión de un hecho delictivo. El Ministerio Público invita a estas autoridades, o así como cualquier otro ciudadano, que tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo, pueda denunciarlo para que una vez que sea de conocimiento del Ministerio Público, podamos tomar las determinaciones que corresponden", aseveró la autoridad fiscal.
Ordóñez añadió que la AJAM es la entidad administrativa encargada de encaminar los procedimientos iniciales y reiteró la invitación a las instancias del Estado o parlamentarios para formalizar las acusaciones correspondientes si se considera que existen delitos ambientales o minería ilegal en el sector.