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El choque entre comunarios y policías dejó cinco vehículos estatales dañados, funcionarios heridos y al menos cuatro aprehendidos. La Alcaldía presentó una denuncia penal ante la Felcc para garantizar el ingreso de basura por 90 días y ejecutar el cierre técnico del botadero, mientras los vecinos denuncian abusos policiales.
13/11/2026 21:58
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Una nueva jornada de tensión y violencia se registró este viernes en el ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara, donde efectivos policiales y comunarios se enfrentaron con piedras, palos y agentes químicos. El conflicto estalló cuando personal de la Alcaldía y de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), escoltados por la fuerza pública, intentaron hacer ingresar carros basureros en cumplimiento a una resolución del Tribunal Agroambiental de Sucre.
El saldo de la trifulca incluye cinco vehículos estatales dañados (cuatro de EMSA y uno del Gobierno Municipal), reportes contradictorios sobre heridos y varias personas arrestadas o aprehendidas que fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la Laguna Alalay.
El origen del choque y el plazo de los 90 días
Según el reporte policial y municipal, grupos de manifestantes apedrearon los motorizados de EMSA y de la Alcaldía, provocando la rotura de parabrisas y cristales, además de agresiones contra funcionarios y trabajadores de la prensa. Ante este escenario, la Policía hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar a los bloqueadores, aunque posteriormente los efectivos y el personal edil se retiraron del sector para evitar una escalada mayor.
Desde el Ejecutivo Municipal explicaron que la intervención responde estrictamente al mandato del Tribunal Agroambiental, que autoriza el ingreso de residuos por un lapso improrrogable de 90 días con el único objetivo de ejecutar el cierre técnico del botadero, evitar un posible desplome y prevenir daños ambientales y riesgos a la salud pública.
"Tan solo es por 90 días que se requiere una cantidad determinada. Nosotros ya tenemos el complejo industrial de residuos sólidos en Cotapachi y vamos a seguir llevando la basura ahí. Solo queremos hacer este cierre por tres meses para ser responsables", sostuvo Walter Flores, secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, quien además acusó a "grupos pagados" de agitar el conflicto con fines políticos.
Por su parte, el secretario Jurídico, Abel Suazo, reiteró que, pese a las posiciones cerradas, el municipio mantiene abierta la puerta al diálogo para el próximo lunes, aunque advirtió que el cumplimiento de la orden judicial "no es negociable" y que los carros basureros continuarán operando.
Saldo de daños, heridos y denuncias cruzadas
Mientras el informe inicial de un efectivo policial en la zona señalaba que no había personas heridas y daba cuenta de tres arrestados por lanzar piedras, las autoridades municipales actualizaron el balance desde la FELCC, donde trasladaron los vehículos dañados para sentar la denuncia formal:
Heridos: El director Jurídico, Roy Ordóñez, reportó aproximadamente cinco funcionarios (entre personal municipal y de EMSA) con lesiones leves y graves; posteriormente, la coordinadora de Procesos Penales, Sharely Justiniano, precisó tres funcionarios víctimas de agresiones físicas.
Aprehendidos: Aunque inicialmente se habló de tres arrestados, Justiniano informó que hay tres varones y una mujer (cuatro personas en total) puestos a disposición del Ministerio Público tras ser identificados en flagrancia.
Acciones legales: La Alcaldía se constituyó en parte víctima y presentó una denuncia penal por destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones, impedimento al ejercicio de funciones y asociación delictuosa. Ordóñez denunció incluso que algunos manifestantes portaban y lanzaron gases lacrimógenos contra los funcionarios, y que la turba impidió la ejecución de un mandamiento de aprehensión contra Rubén Jalacori Janco.
"Vivimos en un Estado de derecho y no vamos a permitir que estos grupos radicales tomen el control y perjudiquen a toda la población cochabambina", enfatizó Julio Barahona, director de Gobernabilidad.
Vecinos denuncian abusos policiales
En la otra vereda, comunarios y familiares de los detenidos rechazaron la intervención y denunciaron presuntos excesos cometidos por los efectivos policiales durante las gasificaciones.
Una familiar de uno de los arrestados aseguró entre lágrimas que su pariente no participaba de las agresiones y que fue golpeado y detenido a pocos pasos de su vivienda cuando intentaba poner a resguardo dos volquetas de su propiedad para evitar que resultaran dañadas por los proyectiles y los gases. Los vecinos exigieron la liberación de los detenidos y el cese de la intervención en la zona.