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La Asociación de Jueces y Magistrados expresó su respaldo al juez Elvis Rojas y advirtió que la falta de seguridad en provincias pone en riesgo la administración de justicia.
11/11/2026 19:14
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La Asociación de Jueces y Magistrados de La Paz (AMALAP) expresó su preocupación y rechazó los hechos de violencia registrados en el municipio de Ixiamas, donde autoridades judiciales y policiales fueron retenidas durante un conflicto. La organización exigió garantías de seguridad para los jueces que desempeñan funciones en las provincias del departamento.
Mediante su Pronunciamiento N.º 11, emitido el 10 de noviembre de 2026, la asociación manifestó su respaldo al juez Elvis Juan Rojas Barrientos, titular del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1.º de Ixiamas.
La organización lamentó los actos hostiles registrados contra autoridades y los destrozos ocasionados en oficinas públicas, hechos que considera una amenaza para el ejercicio de la función judicial.
Advierten que la violencia amenaza la independencia judicial
En su pronunciamiento, AMALAP cuestionó las agresiones contra servidores judiciales y señaló que estas situaciones afectan tanto a las autoridades como a la población que requiere sus servicios.
“Nos pronunciamos y reprochamos esos actos hostiles injustificados”, señala el documento.
La asociación remarcó que los jueces representan al Estado, pero también son personas que tienen familias y deben contar con condiciones mínimas para ejercer sus funciones.
Asimismo, advirtió que la falta de garantías puede perjudicar la atención de los procesos judiciales en regiones alejadas.
“La violencia no se justifica por nada, ni nadie”, enfatizó la organización.
Jueces de provincias trabajan en condiciones de mayor vulnerabilidad
AMALAP sostuvo que los jueces provinciales, también conocidos como jueces multimaterias, enfrentan condiciones diferentes a las de sus colegas de las capitales.
Explicó que muchos desarrollan sus funciones en localidades alejadas, con limitaciones para compartir tiempo con sus familias, participar en cursos de capacitación y acceder a oportunidades de desarrollo profesional.
La asociación consideró que estas dificultades deben ser tomadas en cuenta por las autoridades responsables de garantizar su seguridad.
“Nuestros colegas de provincias necesitan seguridad tanto e igual que en las capitales”, señala el pronunciamiento.
La institución recordó que existen antecedentes de hechos violentos contra administradores de justicia que incluso terminaron con la muerte de algunos de sus colegas.
Solicitan medidas de protección para el juez de Ixiamas
Ante lo sucedido, la asociación anunció que realizará las solicitudes formales correspondientes para que las autoridades competentes adopten medidas de protección.
El objetivo es garantizar que el juez afectado y otros funcionarios puedan continuar sus actividades sin poner en riesgo su integridad.
También reconoció que, después de acontecimientos violentos, las autoridades pueden experimentar temor y dificultades para retomar sus funciones habituales.
AMALAP sostuvo que los incidentes no solo afectan a los servidores públicos, sino también al funcionamiento de la justicia y a los ciudadanos que necesitan acceder a ella.
Hechos de violencia se registraron durante un operativo policial
El pronunciamiento surge después de los enfrentamientos ocurridos el martes 10 de noviembre en Ixiamas, al norte de La Paz, durante un operativo para ejecutar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por la muerte de un ciudadano extranjero.
La intervención provocó la reacción de un grupo de pobladores y derivó en enfrentamientos, utilización de agentes químicos y la retención de un juez, un fiscal y dos efectivos policiales, quienes fueron sometidos al cepo. Posteriormente, las autoridades recuperaron su libertad.
Piden recuperar la confianza ciudadana sin recurrir a la violencia
En la parte final de su comunicado, AMALAP expresó su compromiso con la recuperación de la confianza de la población en la administración de justicia.
Sin embargo, sostuvo que los reclamos y cuestionamientos al sistema judicial no deben traducirse en agresiones contra sus autoridades.
“Rechazamos enfáticamente este tipo de actuaciones que constituye una afrenta a la independencia judicial”, señala el documento.
Finalmente, la asociación instó a la comunidad a proteger a las autoridades que prestan servicios públicos y evitar que se repitan acontecimientos similares.