Justicia anuncia paro nacional y advierte con medida indefinida

En una histórica y masiva Reunión Nacional de Emergencia celebrada este lunes en la capital del país, jueces, vocales y las máximas autoridades de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y constitucional determinaron unificar fuerzas y lanzar un duro ultimátum a los otros poderes del Estado: si en un plazo de 20 días el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no atienden sus demandas, la justicia boliviana irá a un paro nacional escalonado que podría volverse indefinido.

La principal resolución del encuentro fue la creación de una Comisión Nacional para el Seguimiento y Consolidación de las Reivindicaciones del Órgano Judicial. Esta instancia buscará forzar una negociación directa y "de igual a igual" con el presidente de la República y su gabinete de ministros, además del Parlamento, exigiendo de manera irrenunciable un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) administrado de forma autónoma.

Negociación en Sucre o paralización total

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Dr. Romer Saucedo Gómez, aclaró que la institución mantendrá el respeto democrático agotando una última instancia institucional antes de activar las protestas, pero bajo condiciones muy claras: la reunión con el Gobierno debe ser en la capital.

"Se le va a enviar una nota al presidente para que con todo su gabinete pueda recibir a esta comisión. Pero además, esta reunión tiene que ser acá, en la ciudad de Sucre, que es donde el Órgano Judicial ejerce sus funciones (...). En caso de que estas situaciones no sean atendidas, se ha determinado que la justicia también va a parar en el país", advirtió Saucedo.

El cronograma de medidas de presión aprobado por las bases, en caso de vencerse el plazo sin respuestas, se aplicará de la siguiente manera. Primero, paro nacional de 24 horas. Luego, de 48 horas y 72 horas. Para finalmente, ingresar a un paro general indefinido de la justicia en toda Bolivia.

Durante la lectura de las conclusiones, el malestar por la discriminación presupuestaria frente a sectores sociales movilizados fue unánime. El presidente del TSJ lanzó una fuerte crítica a la gestión gubernamental respecto a cómo se manejan los conflictos en el país.

"Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden. Entonces, ante esa situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta ir a medidas de protesta de manera escalonada", fustigó la máxima autoridad judicial.

Modernización tecnológica en vilo

Además del soporte financiero para el funcionamiento operativo cotidiano, el Órgano Judicial exige la inmediata aprobación y promulgación de los proyectos de ley que se encuentran estancados en revisión dentro de la Asamblea Legislativa. Estas normativas, propuestas de manera conjunta por el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, están diseñadas para la modernización tecnológica de la justicia, una urgencia crítica para digitalizar los expedientes y optimizar la atención a la ciudadanía.

Por su parte, el Magistrado del TSJ, Carlos Ortega Sivila, fue el encargado de sellar la postura combativa del encuentro al cerrar el acta de las bases: “Si el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no responden de manera institucional a la institucionalidad del Órgano Judicial: paro, colegas. Ha llegado el momento de hablar, de discutir y de hacernos respetar como Poder Judicial”.