Sernap admite que actividad minera amenaza 10 áreas protegidas, y que dio certificaciones por "equívocos"

A través de un boletín institucional, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) reconoció hoy que hay, al menos, 10 áreas protegidas a nivel nacional que están amenazadas por la actividad minera.

"Es necesario mencionar que las áreas protegidas donde actualmente se identificaron amenazas relacionadas con la minería son: La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa; Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi; El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis; Parque Nacional y ANMI Amboró; El Parque Nacional y ANMI Madidi; Parque Nacional Tunari; ANMIN Apolobamba; Reserva de la Biosfera y territorio Indígena Pilón Lajas; El Parque Nacional y PN ANMI Cotapata; y ANMI San Matías", se lee en el texto.

La institución también indicó que asumirá la responsabilidad de corregir “equívocos administrativos” generados en gestiones pasadas que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección.

“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos, generados en gestiones pasadas, que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”, asegura.

Según el Sernap los certificados se emitieron en las gestiones 2018, 2019 y 2020 “en desconocimiento de la normativa ambiental relacionada con las Áreas Protegidas”, por lo que anuncia un análisis progresivo en el que se determinará la nulidad de esos CCUs. La medida fue tomada en las Áreas Protegidas de Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari.

“El Sernap reconoce que los Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUS) emitidos en anteriores gestiones se realizaron indebidamente en desconocimiento de la normativa ambiental relacionada con las Áreas Protegidas, incluyendo la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535, Artículo 93-III, inciso c y art. 220)”, detalla el comunicado. 

La entidad observó asimismo que hay una contradicción en las normas y que, para “abordar esta cuestión de manera integral”, se necesita una interpretación legislativa que solo puede ser llevada a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que remitió una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para buscar una solución.

“El Sernap da a conocer que existe una contradicción en la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) con respecto al reconocimiento y respeto de los derechos mineros preconstituidos y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas ambientales en Áreas Protegidas”, señala.

Asimismo, el Sernap reiteró la imposibilidad de otorgar derechos mineros nuevos en áreas protegidas del territorio nacional.

“Dicha prohibición está respaldada por la Constitución Política del Estado (Artículo 385), la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333), y el Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo 24781). Por lo tanto, no es posible la otorgación de derechos mineros nuevos, ni la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en estas áreas”, señala el comunicado de prensa.

El Sernap reafirmó que, de acuerdo con los instrumentos normativos de creación de las Áreas Protegidas, está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas en sus territorios.

De esta manera, la institución hizo conocer su posición ante la solicitud de derechos mineros nuevos de las cooperativas auríferas. Del mismo modo, afirmó su compromiso con “la conservación de la biodiversidad y la preservación de las Áreas Protegidas de carácter nacional”, e indica que continuará colaborando con las autoridades e involucrados para “abordar esta problemática de manera responsable y sostenible”.

Esta semana, mineros cooperativistas auríferos se movilizaron en La Paz exigiendo, entre otras demandas, que se garanticen sus derechos preconstituidos para la explotación en áreas protegidas.