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Bolivia: 9 meses del gobierno de Rodrigo Paz

Los primeros nueve meses del Gobierno de Rodrigo Paz muestran un cambio importante de orientación económica, pero todavía sin una recuperación estructural de Bolivia. 

Rodrigo Paz durante los actos protocolares del 6 de agosto. Foto: APG

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EVALUACIÓN, DESAFÍOS Y PROPUESTAS 

1. ¿Cómo evalúo estos nueve meses del Gobierno de  Rodrigo Paz? 

Un Gobierno que ha cambiado el rumbo, pero todavía no ha sacado  a Bolivia de la crisis 

Mi evaluación general de los primeros nueve meses es regular: 51/100 puntos.  No considero técnicamente correcto calificar la gestión como un fracaso, porque  hubo cambios importantes: Flexibilización cambiaria, apertura al  financiamiento multilateral, reducción de subsidios (combustibles), medidas de  contención fiscal, intervención cambiaria del BCB, un acuerdo técnico con el  FMI por aproximadamente $US. 1.900, apertura a los mercados globales y la  búsqueda de mayor inversión privada en el país. El problema es que esos  instrumentos todavía no se traducen en una recuperación económica  sostenible. Bolivia acumula contracciones de -1,12% en 2024 y -1,58% en 2025,  y organismos internacionales proyectan alrededor de -3% para 2026. Al mismo  tiempo, las RIN reportadas al 31 de julio alcanzan $US. 3.632 millones, pero  apenas $US. 472 millones son divisas líquidas, mientras aproximadamente 85%  está concentrado en oro.  

Además, actualmente tenemos un nivel de deuda pública superior al 80% del  PIB, un déficit fiscal sostenido de 12 años consecutivos, serios problemas en la  provisión de carburantes, presiones inflacionarias y cambiaras; problemas  estructurales macroeconómicos que el gobierno aún no ha presentado un plan  estratégico para corregirlos y menos afrontado con certeza. A esto se puede  sumar que el gobierno tiene dificultades para implementar sus reformas debido  a su estructura política reducida, una limitada gobernanza y gobernabilidad  condicionada debido a presiones políticas por organizaciones sociales y  sindicales como la COB. 

Por tanto, el Gobierno ha conseguido modificar instrumentos de política, pero  todavía no demuestra haber cambiado la trayectoria económica del país. 

La calificación de 51/100 se explica porque existen avances importantes en la  dirección, pero resultados todavía débiles en estabilidad y crecimiento. La  calificación tampoco puede ser demasiado baja porque el Gobierno recibió una  economía extraordinariamente deteriorada y, en algunos ámbitos, tomó  decisiones que probablemente eran inevitables. El cambio de un tipo de cambio  prácticamente fijo hacia un régimen flexible permitió reconocer una realidad 

cambiaria que ya existía; sin embargo, el dólar pasó posteriormente desde Bs.  6,96 hasta niveles superiores a Bs. 12, obligando al BCB a intervenir para  moderar la volatilidad. El problema central es que el Gobierno todavía no ha  conseguido transformar el ajuste inicial en un programa estructural completo  de crecimiento, productividad, energía, exportaciones y sostenibilidad fiscal.  Incluso el acuerdo con el FMI sigue siendo un acuerdo a nivel técnico, sujeto a  aprobación del Directorio del organismo y a los procedimientos bolivianos  correspondientes. Por ello, mi conclusión es clara: Paz ha iniciado una corrección  necesaria, pero todavía no ha producido una estabilización integral ni una  recuperación sostenible. 

2. ¿Desde noviembre de 2025 hasta hoy se implementaron  medidas que realmente estabilizaron o sacaron a Bolivia de  la crisis? 

Se han aplicado medidas de emergencia y estabilización, pero  todavía no existe evidencia suficiente de recuperación 

Sí existen medidas económicas importantes desde noviembre de 2025,  especialmente el paquete de emergencia económica, la reducción de subsidios  a combustibles, el ajuste del gasto, la flexibilización cambiaria, nuevas reglas  para intervención del BCB y la búsqueda de financiamiento multilateral. El  acercamiento al FMI constituye además un cambio importante de estrategia,  porque busca reconstruir reservas y restablecer el acceso de Bolivia al  financiamiento internacional. El programa acordado contempla $US. 1.900  millones durante 36 meses y puede facilitar recursos adicionales de otros  organismos multilaterales. Estas medidas son relevantes porque atacan  problemas que el Gobierno anterior había postergado, especialmente el déficit  fiscal, la distorsión cambiaria y la escasez de dólares. 

Pero no puede afirmarse todavía que Bolivia haya salido de la crisis. Una  economía que continúa contrayéndose, enfrenta problemas de abastecimiento  de combustibles, mantiene una deuda pública muy elevada y dispone de  solamente de $US. 472 millones en divisas líquidas no puede considerarse  estabilizada de manera integral. El superávit comercial acumulado de $US.  1.669 millones es una señal positiva, pero no debe confundirse con  disponibilidad inmediata de dólares para el BCB: el ingreso comercial debe  convertirse efectivamente en divisas disponibles dentro del sistema financiero.  En junio, por ejemplo, el INE registró un superávit mensual de $US. 184,7  millones, pero las exportaciones cayeron 1,7% respecto a mayo y las  exportaciones de hidrocarburos disminuyeron 14,5%. Por tanto, hay  estabilización financiera inicial, pero todavía no recuperación económica  estructural. 

Por tanto, el Gobierno está administrando la crisis y corrigiendo algunas  distorsiones, pero todavía no puede afirmarse que la haya superado.

3. Tres aspectos positivos y tres negativos de estos 9  meses de gobierno 

ASPECTO POSITIVO 1. Sinceramiento y cambio de orientación  económica 

Uno de los mayores méritos del Gobierno es haber reconocido que el esquema  económico anterior había llegado a límites financieros importantes. La  flexibilización cambiaria, la racionalización de subsidios y el acercamiento al  FMI constituyen cambios significativos. También existe mayor disposición a  trabajar con inversión privada y organismos internacionales. Esto mejora la  posibilidad de acceder a capital, tecnología y mercados. Sin embargo, el valor  de estas decisiones dependerá de su implementación. El cambio de orientación  es positivo, pero todavía debe transformarse en resultados productivos. 

ASPECTO POSITIVO 2. Recuperación de relaciones con organismos  financieros internacionales 

La búsqueda de apoyo del FMI, Banco Mundial, BID y CAF es positiva desde la  perspectiva de liquidez y credibilidad. Bolivia necesita financiamiento externo  en esta etapa porque las reservas líquidas son demasiado reducidas para cubrir  simultáneamente combustibles, deuda y estabilización cambiaria. El programa  con el FMI puede funcionar como puente financiero mientras se implementan  reformas. Además, un programa multilateral puede generar condiciones para  atraer otros recursos. Pero ese financiamiento debe utilizarse para reconstruir  capacidad económica (productiva) y no simplemente para postergar los  problemas, y menos para financiar el déficit fiscal. 

ASPECTO POSITIVO 3. Mayor apertura hacia inversión y sectores  productivos 

La intención de promover nuevas inversiones en hidrocarburos, minería,  agroindustria y otros sectores es correcta. Bolivia necesita urgentemente  aumentar su capacidad de generar dólares mediante producción y  exportaciones. El comercio exterior muestra que todavía existe potencial: en  junio se obtuvo un superávit de $US. 184,7 millones y algunos sectores  manufactureros y agropecuarios aumentaron sus ventas externas. El desafío es  convertir estos resultados puntuales en una tendencia permanente y  diversificada; por lo tanto, dar seguridad económica y jurídica para la inversión 

privada es clave, lo cual se debe dar mediante reformas integrales en el país. 

ASPECTO NEGATIVO 1. Persistencia de la recesión 

La mayor debilidad es que la economía continúa contrayéndose. El país registró  -1,12% en 2024 y -1,58% en 2025, y la previsión para 2026 ronda -3%. Esto  significa que la política económica todavía no consiguió generar un motor de  crecimiento. El ajuste puede ser inevitable, pero debe diseñarse para no destruir  inversión y empleo. Si la estabilización produce únicamente menor déficit, pero  no recuperación productiva, Bolivia puede quedar atrapada en una  combinación de bajo crecimiento, inflación y endeudamiento.

ASPECTO NEGATIVO 2. Reservas líquidas extremadamente  reducidas 

Las RIN constituyen una de las mayores vulnerabilidades del país. Al 31 de julio  alcanzaron $US. 3.632 millones, pero solo $US. 472 millones eran divisas  líquidas. El BCB ya había advertido que una elevada concentración de las  reservas en oro genera riesgos de liquidez y valoración. Esto significa que Bolivia  puede tener activos internacionales importantes, pero no necesariamente  dispone de suficientes dólares líquidos para responder rápidamente a una crisis  cambiaria o energética. Todo esto, hace que nuestras reservas no nos protejan  plenamente de shocks externos, y son insuficientes para garantizar obligaciones  (combustibles, deuda, otros), y menos para estabilizar el mercado cambiario de  manera sostenible. 

ASPECTO NEGATIVO 3. Falta de reformas estructurales con  suficiente velocidad 

El Gobierno todavía necesita convertir sus anuncios en leyes, instituciones y  proyectos ejecutables. Hidrocarburos, minería, inversión, empresas públicas,  sistema tributario y gasto estatal requieren reformas profundas. La caída  sostenida de la producción hidrocarburífera representa un riesgo  particularmente serio porque afecta simultáneamente exportaciones, ingresos  fiscales y disponibilidad de divisas. Si las reformas demoran, el país seguirá  dependiendo del financiamiento externo para cubrir necesidades que deberían  ser financiadas progresivamente con producción nacional. 

4. Evaluación del mensaje presidencial del 6 de agosto Un diagnóstico correcto y una señal de cambio, pero todavía debe  convertirse en una agenda legislativa y económica verificable 

El mensaje presidencial del 6 de agosto tuvo un elemento positivo: reconoció la  magnitud de la crisis y planteó que Bolivia necesita cambiar su estructura  productiva. El anuncio de proyectos de ley relacionados con inversión,  hidrocarburos, minería y otros sectores es particularmente importante porque  la crisis boliviana ya no puede solucionarse exclusivamente mediante política 

monetaria o financiamiento externo. El problema es estructural: Bolivia necesita  producir más, exportar más, atraer capital y recuperar su sector energético. En  este sentido, el mensaje representa una evolución respecto de una política  centrada fundamentalmente en administrar recursos estatales. La intención de  incorporar mayor participación privada puede ser positiva si se acompaña de  seguridad jurídica, reglas transparentes y un sistema tributario competitivo.  Asimismo, el mensaje puede convertirse en el punto de partida de una segunda  etapa del Gobierno: pasar de la emergencia a la transformación productiva. 

Sin embargo, el mensaje todavía no constituye un programa económico  completo. Para que las leyes anunciadas sean verdaderamente transformadoras  deben establecer metas, cronogramas, mecanismos de inversión, régimen  tributario, solución de controversias, protección ambiental, participación 

estatal y reglas claras para los inversionistas, y sobre todo implementarse lo  antes posible. En hidrocarburos, por ejemplo, Bolivia necesita no solamente  una nueva ley, sino una estrategia para detener la caída de reservas y  producción, aumentar exploración y garantizar combustibles. En minería debe  establecerse un marco que permita atraer capital sin sacrificar la participación  fiscal del Estado. En inversión se necesita eliminar obstáculos burocráticos y  reducir incertidumbre jurídica. Por tanto, califico el mensaje como positivo en  diagnóstico y orientación, pero todavía incompleto en instrumentos y ejecución.  La prueba definitiva será si durante los próximos meses esas promesas  se convierten en leyes aprobadas, inversiones efectivas, producción  adicional, más exportaciones y empleo. 

5. Cinco medidas para una verdadera ruta crítica de  estabilización 

MEDIDA 1. Consolidación fiscal plurianual y regla de responsabilidad  fiscal 

El Gobierno debe aprobar un programa fiscal 2027-2030 con metas anuales  obligatorias y transparentes. El objetivo debe ser reducir progresivamente el  déficit sin provocar un colapso adicional de la actividad económica. Recomiendo  una trayectoria de déficit fiscal máximo de 7% del PIB en 2027, 5% en 2028, 4%  en 2029 y alrededor de 3% en 2030. Para lograrlo se deben racionalizar  subsidios, reducir gasto improductivo, reestructurar empresas públicas  deficitarias y mejorar la recaudación mediante formalización y eficiencia  tributaria. El Estado debe priorizar inversión pública con alto retorno económico  y social, no gasto corriente permanente.  

Meta adicional: Estabilizar la deuda pública/PIB desde 2027 y comenzar a  reducirla gradualmente a partir de 2028. La regla fundamental debe ser que  ningún nuevo gasto permanente sea aprobado sin una fuente permanente de  financiamiento. 

MEDIDA 2. Programa cambiario y monetario para reconstruir las  reservas líquidas 

El régimen flexible debe mantenerse, pero con una intervención del BCB  técnica, transparente y limitada a reducir volatilidad excesiva, no a defender  artificialmente una cotización determinada. El objetivo prioritario debe ser  aumentar las divisas líquidas de $US. 472 millones a por lo menos $US. 1.500  millones durante 2027, y superar $US. 2.500 millones hacia 2028, sujeto a las  condiciones externas y a la evolución de las importaciones. Los recursos del FMI  y otros multilaterales deben utilizarse principalmente para reconstruir liquidez  externa, mientras el aumento de exportaciones debe permitir una acumulación  permanente de reservas. El BCB debe publicar periódicamente criterios de  intervención y evolución de liquidez. La política monetaria debe evitar una  expansión excesiva que alimente inflación y expectativas cambiarias.  

Meta final: Que las reservas líquidas cubran al menos tres meses de  importaciones esenciales, avanzando posteriormente hacia cuatro meses.

MEDIDA 3. Emergencia energética y nueva política de hidrocarburos Bolivia necesita una estrategia energética de largo plazo que resuelva  simultáneamente la escasez de combustibles, la caída de producción y la  pérdida de exportaciones. Debe aprobarse una nueva Ley de Hidrocarburos que  permita atraer capital privado y extranjero mediante contratos competitivos,  seguridad jurídica y mecanismos transparentes de participación estatal.  Paralelamente, YPFB debe ejecutar un programa intensivo de exploración y  recuperación de campos existentes. La meta debe ser detener la caída de  producción durante 2027 y comenzar a recuperarla desde 2028. También debe  reducirse gradualmente la dependencia de combustibles importados mediante  mayor producción nacional, biocombustibles, energías renovables; mientras  tanto la importación por privados es clave. La prioridad estratégica es impedir  que Bolivia llegue a una situación de importador neto de gas natural y convertir  nuevamente el sector energético en generador de divisas. 

MEDIDA 4. Programa nacional de inversión, exportaciones y  generación de dólares 

Bolivia debe cambiar de una economía dependiente de financiamiento externo  hacia una economía que genere divisas mediante producción y exportaciones.  El Gobierno debe aprobar una Ley de Inversiones competitiva, establecer  mecanismos de protección jurídica y acelerar proyectos de minería, litio,  agroindustria, manufactura, hidrocarburos y turismo. El superávit comercial de  $US. 1.669 millones acumulado a junio de 2026 demuestra que existe  capacidad exportadora, pero la meta debe ser convertirla en una fuente mucho  mayor y permanente de dólares; solo sirven los dólares que ingresen a la  economía. Debe priorizarse la exportación con valor agregado y la sustitución  eficiente de importaciones estratégicas. El Gobierno debería establecer una  meta de duplicar la inversión extranjera directa respecto de su nivel actual hacia  2028 y aumentar sostenidamente las exportaciones no tradicionales. El  resultado buscado es reducir la necesidad de endeudamiento externo para  financiar importaciones. 

MEDIDA 5. Pacto nacional de estabilización, empleo y protección  social 

La magnitud de la crisis exige un acuerdo de Estado de al menos tres años que  permita implementar las reformas independientemente de los ciclos políticos. El  pacto debería establecer metas trimestrales para déficit fiscal, inflación,  reservas, deuda, tipo de cambio, combustibles, inversión y crecimiento. El  ajuste debe proteger a las familias vulnerables mediante transferencias  focalizadas y temporales, evitando subsidios generales que beneficien también  a hogares de mayores ingresos. La meta debe ser que la economía deje atrás la  contracción y alcance crecimiento positivo en 2027, acelerándose hacia tasas  de 3%-4% anual en 2028-2029, siempre que las condiciones externas lo  permitan. También debe priorizarse empleo formal y productividad, porque una  recuperación basada únicamente en gasto público no sería sostenible. El  objetivo final debe ser combinar estabilidad macroeconómica con recuperación del 

ingreso real y del empleo, bajo un marco de institucionalidad, sostenibilidad y  gobernabilidad. 

MATRIZ DE LA RUTA CRITICA 2027-2030

Conclusión general 

Después de nueve meses de gestión, mi evaluación permanece en 51/100, pero  con una precisión importante: la calificación podría subir sustancialmente si  durante los próximos 12 meses el Gobierno convierte sus anuncios en reformas  ejecutadas y resultados medibles. El principal mérito de Rodrigo Paz ha sido  reconocer que el modelo económico anterior ya no podía sostenerse con las  mismas herramientas y comenzar a modificar el régimen cambiario, los  subsidios, la relación con organismos multilaterales y la participación del sector  privado.  

Su principal debilidad es que todavía no ha construido una ruta estructural  suficientemente rápida y cuantificada para resolver simultáneamente el déficit  fiscal, la falta de dólares, la crisis energética, la recesión y el elevado  endeudamiento. Bolivia no necesita únicamente más financiamiento: necesita  tiempo comprado por financiamiento externo para ejecutar reformas que  generen producción, dólares y crecimiento. El FMI puede aportar liquidez y  credibilidad, pero no puede sustituir al gas que ya no se produce, a las  exportaciones que no se generan ni a la inversión que no llega.  

El objetivo de 2027 debe ser muy concreto: salir de la recesión, reducir el déficit,  aumentar las divisas líquidas, detener el deterioro energético, recuperar  inversión y estabilizar el mercado cambiario. Si esos resultados se alcanzan, la  gestión podría pasar de una etapa de administración de crisis a una verdadera  etapa de reconstrucción económica. Si no se alcanzan, Bolivia corre el riesgo de  entrar en un ciclo de más deuda, menos reservas, mayor depreciación y menor  crecimiento, que sería considerablemente más costoso para las familias y  empresas. 

Síntesis del análisis 

• Diagnóstico: Crisis todavía vigente 

• Cambio de rumbo: Sí, significativo 

• Estabilización: Parcial 

• Recuperación económica: Aún no demostrada 

• Reformas estructurales: Insuficientes 

• Riesgo fiscal y externo: Elevado 

• Perspectiva: Dependerá de la ejecución 2026-2027 

En términos sencillos para la población: El Gobierno cambió algunas reglas del  juego, pero todavía no ha cambiado las condiciones económicas que producen la  crisis. La deuda y el financiamiento externo pueden dar oxígeno; solamente más  producción, más exportaciones, inversión, disciplina fiscal y energía suficiente  pueden darle sostenibilidad a Bolivia.

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