El fiscal informó que el proyecto tenía un contrato superior a Bs 72 millones y registró pagos por más de Bs 60 millones, pese a que el avance físico habría llegado solo al 40%; más de ocho personas están involucradas en la investigación.
19/08/2026 23:15
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El fiscal Wilson Medrano, encargado de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de una planta piscícola en el lago Titicaca, informó que el daño económico investigado superaría los Bs 40 millones y confirmó que el exviceministro Luis Siles fue aprehendido por su presunta participación en el caso.
Según explicó, la investigación surgió a partir de una denuncia presentada por EMAPA, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua. El proceso alcanza a exservidores públicos que participaron en la fiscalización y supervisión del proyecto ejecutado en San Pedro de Tiquina.
Siles se acogió al derecho al silencio
Medrano informó que Luis Siles fue convocado inicialmente para prestar su declaración informativa, pero decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio.
Posteriormente, tras valorar los indicios acumulados en el cuaderno de investigaciones, la Fiscalía determinó su aprehensión.
“Se ha dado por conveniente aplicar la figura jurídica de la aprehensión por la Fiscalía, dado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 226, vale decir, la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales”, explicó.
La Fiscalía deberá poner al exviceministro ante una autoridad jurisdiccional dentro del plazo establecido por ley para que se defina su situación jurídica.
Investigan incumplimiento de deberes y conducta antieconómica
De manera provisional, Siles es investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según Medrano, el exviceministro ejercía la presidencia del directorio de EMAPA y tenía representación del Ministerio de Desarrollo, por lo que habría contado con facultades de fiscalización sobre el gerente y sobre el avance del proyecto.
El fiscal señaló que Siles habría participado en la aprobación, refrendo y financiamiento de la construcción de la planta piscícola.
La investigación busca determinar por qué no se habrían activado oportunamente mecanismos de control durante una ejecución que, de acuerdo con la denuncia, terminó con desembolsos muy superiores al avance físico real.
Pagaron más de Bs 60 millones, pero avance habría sido de 40%
Uno de los principales elementos de la investigación es la diferencia entre los recursos desembolsados y el avance físico registrado.
Medrano informó que el contrato, suscrito el 21 de noviembre de 2022, establecía un costo superior a los Bs 72 millones.
Según la documentación citada por la Fiscalía, se pagaron 16 certificados por más de Bs 60 millones, equivalentes al 88,63% del contrato.
Sin embargo, el avance físico real habría sido valorado en aproximadamente Bs 29,6 millones, equivalente a cerca del 40% de ejecución.
“Conforme al cómputo que realiza la entidad querellante y denunciante, el daño oscilaría en más de 40 millones de bolivianos aproximadamente”, señaló Medrano.
Estas cifras forman parte de la denuncia y deberán ser establecidas definitivamente mediante las investigaciones y pericias correspondientes.
Más de ocho personas están involucradas
El fiscal confirmó que más de ocho personas forman parte del proceso investigativo.
Entre ellas se encuentran exservidores públicos que integraron las comisiones de fiscalización y supervisión de la obra, encargadas de controlar el avance conforme al contrato inicial y sus modificaciones.
Medrano indicó que estas personas ya fueron citadas y que, respecto a varias de ellas, la etapa preliminar ya concluyó.
Franklin Flores también fue imputado
Entre los investigados se encuentra el exgerente general de EMAPA, Franklin Flores Córdoba, quien también fue imputado provisionalmente por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según informó el fiscal.
Medrano explicó que los demás imputados no se encuentran detenidos preventivamente por el momento, sino a la espera de que un juez convoque las respectivas audiencias cautelares y defina su situación jurídica.
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