Desembolsos al 90% y obras al 35%: auditan proyectos de Emapa

El Gobierno nacional informó que continúan las auditorías a proyectos y plantas administradas por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en todo el país, tras detectarse presuntas irregularidades, con millonarios daños económicos, que ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.

“Estamos hablando de desembolsos que prácticamente llegan al 90%, pero constituyéndose en la obra, el avance físico no supera el 35%”, señaló el gerente general de Emapa, Sergio Siles, quien explicó que los hallazgos apuntan a presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.

Uno de los casos más observados es el denominado proyecto piscícola en el lago Titicaca, que —según la autoridad— no puede considerarse aún una planta en funcionamiento. Se trata de una iniciativa con una inversión aproximada de Bs 70 millones, de los cuales se habría desembolsado cerca del 90%. Sin embargo, el avance físico no supera el 35%.

Actualmente, tanto la empresa constructora como la supervisora tienen rescisión de contrato, y el proyecto deberá ser evaluado técnica y legalmente para definir si continúa bajo un nuevo proceso de contratación o si se adoptan otras determinaciones. Solo en este caso, los desembolsos observados superan los Bs 40 millones.

En contraste, la planta industrializadora de papa presenta una situación distinta. Se trata de una infraestructura concluida y en funcionamiento, aunque bajo revisión de su modelo de gestión.

Siles dijo que las auditorías también alcanzan a las tiendas de Emapa a nivel nacional. Un estudio de factibilidad reveló que varias operan con pérdidas, especialmente en áreas rurales, donde se identificó sobredimensionamiento de personal y altos costos de alquiler.

“Nos hemos encontrado con sorpresas como tres cajeros y tres almacenistas en un espacio de 100 metros cuadrados”, explicó la autoridad.

En paralelo, se revisan contratos y alianzas estratégicas con empresas privadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y ampliar la participación de productores bolivianos en la red de comercialización.

Siles aseguró que las investigaciones continúan en varios frentes, mientras el Ejecutivo asegura que todos los hallazgos con evidencia documental serán remitidos al Ministerio Público para determinar responsabilidades y cuantificar el daño económico al Estado.