­Ley 1680 dará bono y protección integral a huérfanos por feminicidio

La Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para hijos e hijas huérfanos por feminicidio entrará en vigencia tras concluir su fase de reglamentación, abriendo paso a la aplicación de beneficios económicos y atención integral para menores que quedaron en la orfandad a causa de este delito.

Esta normativa fue promulgada el 5 de noviembre de 2025, pero aún estaba pendiente su reglamentación, paso que ya fue completado y entregado a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, según informó Eulogía Tapia, representante del Observatorio de Exigibilidad para los Derechos de las Mujeres.

“Quedó bajo la responsabilidad de la viceministra hacer un trabajo de adecuación de las normativas y canalizar al Ministerio de la Presidencia (…) están diciendo que posiblemente sea el 4 de marzo la presentación, que sería pública”, explicó Tapia.

La ley establece un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional para cada menor beneficiario, además de un apoyo adicional en especie para niños menores de cinco años, destinado a garantizar su nutrición. Este beneficio se otorgará inicialmente de forma provisional desde el inicio de la investigación y será definitivo tras una sentencia condenatoria.

Asimismo, la norma garantiza atención integral, incluyendo acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico especializado y asistencia legal gratuita, con el objetivo de proteger y restituir los derechos de los menores afectados.

Entre sus alcances también contempla la creación de un registro único a través del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), que permitirá realizar seguimiento y brindar protección a los beneficiarios, además de asegurar la protección de bienes sucesorios y la estabilidad familiar.

Las cifras reflejan la urgencia de esta medida. En lo que va de 2026, al menos 11 menores quedaron huérfanos tras registrarse 14 casos de feminicidio. Durante 2025 se reportaron 79 feminicidios y, desde 2016, se estima que al menos 1.000 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad por este delito en Bolivia.

La reglamentación ahora se encuentra en manos del Órgano Ejecutivo para su revisión final y posterior implementación, con la expectativa de que la norma sea presentada oficialmente en los próximos días.