Marcel Rivas denuncia una red criminal incrustada en Migración, el Segip y la Fiscalía para favorecer al narcotráfico

El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, presentó una denuncia formal para que se investigue a exautoridades de Estado y del Ministerio Público —entre ellas los exministros de Gobierno Carlos Romero y Eduardo del Castillo, así como al exfiscal general Juan Lanchipa— por presuntamente conformar y proteger una estructura delictiva dedicada a favorecer al crimen organizado transnacional.

Según Rivas, durante las gestiones de Romero y Del Castillo operó una red de funcionarios que facilitó la permanencia irregular, la entrega de identidades falsas y la libre circulación de narcotraficantes y delincuentes con notificaciones rojas de Interpol en territorio boliviano.

La estructura en Migración y el Segip

El exdirector explicó que las irregularidades comenzaron a documentarse en 2020, cuando se identificaron más de 260 casos de extranjeros beneficiados ilegalmente. Rivas señaló directamente a Katherine Calderón, exresponsable nacional de Extranjería y posteriormente directora general de Migración, como la articuladora de la concesión irregular de documentos.

Rivas detalló que estas maniobras permitieron el ingreso y libre tránsito de figuras clave del narcotráfico internacional, entre ellos el uruguayo Sebastián Marset, Pedro Montenegro y los hijos del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Durante esa gestión es la primera vez que ingresó Marset. Marset, entre el año 2018 y el año 2019, ingresó y salió del país unas 20 veces al menos (...) entraba, salía sin ningún problema con la documentación totalmente avalada por esta red de organización criminal (...). Violaron todos los procedimientos que tenían que seguir para la aprobación de las visas, para la aprobación de la documentación de permanencia de extranjería", denunció Rivas.

Asimismo, Rivas involucró en este esquema al Servicio General de Identificación Personal (Segip) bajo la gestión de Patricia Hermosa, señalando que los carnets de identidad se emitían sin respaldo legal una vez que salían los informes favorables de Migración.

"Sebastián Marset tenía un carnet boliviano imagínense, eso no puede ser posible sin la colaboración de este crimen organizado. (...) ¿Quién era la directora del Segip mientras la directora general de Migración era Katherine Calderón? La directora del Segip era Patricia Hermosa, jefa de gabinete de Evo Morales Ayma. Es decir, la pelea entre el ministro de ese entonces, Eduardo del Castillo, y Evo Morales Ayma siempre fue un show, nunca se pelearon, eran parte de la misma organización criminal", aseveró.

Acusaciones contra la Fiscalía y daño económico millonario

Respecto a la inacción de la justicia, la exautoridad acusó al exfiscal general Juan Lanchipa y al exfiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, de haber frenado deliberadamente las investigaciones iniciadas en 2020 para proteger a la estructura delictiva.

"A pesar de que nuestra denuncia tenía alrededor de 350 fojas con todas las pruebas, todos los elementos, flujos migratorios, los ingresos, papeles, carnets, etcétera, esto no prosperó (...). Ahora entendemos, después de ver que Juan Lanchipa también es parte de esta organización criminal protectora del crimen organizado, protectora del narcotráfico, entendemos por qué la denuncia nunca prosperó", afirmó.

Rivas reveló además que solo en los 260 casos denunciados inicialmente se identificó una afectación económica al Estado superior a los 4 millones de dólares por cobros de trámites de extranjería que no ingresaron a las cuentas de recaudación oficial.

"Son más de 4 millones de dólares solo de 260 casos que denuncié cuando era director general de Migración, que Lanchipa dio la orden al fiscal departamental para que no se investigue, para que no se profundice y quede en archivo toda esa denuncia", sostuvo.

Marcel Rivas informó que ha remitido formalmente los antecedentes detallados de esta denuncia al actual Director General de Migración, advirtiéndole que tiene la obligación legal de desarchivar el caso de 2020, auditando los trámites de extranjería desde 2018 hasta la fecha para evitar incurrir en responsabilidades penales.

"Lo que él tiene que hacer es primero desarchivar la denuncia del 2020 (...) profundizarla más, actualizar de toda la gestión del señor Eduardo del Castillo. Todos los trámites de extranjería tienen que ser auditados y ahí van a salir una enorme cantidad de nombres, apellidos, ubicación de dónde están los miembros del crimen organizado", enfatizó Rivas, advirtiendo que el actual titular incurriría en el delito de omisión si no toma acciones inmediatas.