Desarrolladores inmobiliarios piden diálogo y análisis individual de contratos ante el nuevo régimen cambiario

Respecto a las reuniones que sostienen compradores de inmuebles y autoridades nacionales sobre los efectos del nuevo régimen cambiario en contratos preexistentes, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) expresó su posición institucional. Mediante un comunicado institucional, reafirma su compromiso con la legalidad, la buena fe y la seguridad jurídica para llegar a soluciones responsables.

Con la vigencia del esquema de dólar flexible se generaron varios escenarios para las empresas que ofrecen bienes inmuebles a crédito directo y en divisa extranjera, como también para los compradores. La modificación afectó la carga económica asumida, pero también las inversiones del sector inmobiliario. 

“Comprendemos la preocupación de las familias bolivianas. Detrás de cada contrato existe el esfuerzo de quienes buscan construir un patrimonio y el compromiso de empresas que desarrollan proyectos de largo plazo”, señala la CBDI en su comunicado, y remarca que cualquier solución debe construirse a través del diálogo y con estricto respeto al ordenamiento jurídico.

El desarrollo inmobiliario moviliza inversión y genera miles de empleos directos e indirectos en actividades como la construcción, arquitectura, ingeniería, transporte, provisión de materiales, servicios técnicos, comercio y otros rubros. “Por ello, así como las familias necesitan certeza para acceder y mantener una vivienda, los trabajadores, proveedores y empresas que forman parte de esta cadena, también requerimos previsibilidad y reglas claras para garantizar la continuidad de los proyectos y las fuentes de empleo”, asevera Carlos Baldivieso, director de CBDI.

La posición institucional de la CBDI coincide con los principios expresados por la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que respaldan el respeto a los contratos, la buena fe contractual y la seguridad jurídica como las bases para dar certidumbre durante la transición al nuevo régimen cambiario.

“Los contratos que establecen condiciones determinadas deben cumplirse conforme a lo pactado y no corresponden modificaciones unilaterales. Cuando el contrato remite de manera general al pago en moneda extranjera, cada situación debe revisarse de forma técnica e individual, considerando su contenido, la normativa y las circunstancias particulares de cada caso”, explica Baldivieso.

El comunicado de la CBDI afirma que sus empresas asociadas mantienen habilitados sus canales de atención para revisar cada situación de manera individual, privilegiando el diálogo, la respuesta por escrito y la búsqueda de acuerdos dentro del marco legal y bajo el principio de buena fe.

“La seguridad jurídica protege por igual a consumidores y desarrolladores. Cuando se respeta la ley y lo libremente pactado, se protege el patrimonio de las familias, se preserva la inversión, se sostienen miles de empleos y se fortalece la confianza que Bolivia necesita para seguir construyendo”, concluyó el representante de la Cámara.