Prestatarios afectados por bloqueos podrán reprogramar pagos; conozca los detalles del nuevo decreto

El Gobierno de Bolivia, mediante el Decreto Supremo N° 5630, emitido el 8 de junio de 2026 y firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece medidas para refinanciar y reprogramar operaciones de crédito de clientes financieros afectados por bloqueos, conflictos sociales y eventos adversos. La normativa busca garantizar que los prestatarios del sistema financiero puedan cumplir sus obligaciones sin comprometer su economía familiar, manteniendo estabilidad y equidad en el sistema financiero.

El decreto dispone que las entidades de intermediación financiera y empresas de arrendamiento financiero deberán evaluar y aprobar solicitudes de refinanciamiento de forma voluntaria, considerando:

• El deterioro coyuntural en la capacidad de pago del cliente.
• La estructuración del plan de pagos ajustado a la nueva capacidad económica.
• La inclusión de periodos de gracia de hasta seis meses, durante los cuales el deudor no debe efectuar pagos de capital, intereses, seguros, comisiones ni otros cargos .
• Prórrogas adicionales de hasta 30 días para tramitar la reprogramación, evitando cobros mientras se concreta la operación.
• Mantener la cobertura de seguros de desgravamen y garantías crediticias durante el periodo de gracia y prórroga, sin recargos ni modificación de coberturas.

Procedimiento

El procedimiento establece que los prestatarios recibirán atención equitativa y transparente, con información clara sobre las condiciones del refinanciamiento, educación financiera y registro de solicitudes aprobadas o rechazadas. La ASFI queda encargada de la supervisión y control del cumplimiento de este decreto.

Además, se aclara que los costos administrativos y de elaboración de documentos relacionados con el refinanciamiento serán asumidos por las entidades financieras, mientras que el cobro de intereses y cuotas pendientes se realizará prorrateado después del periodo de gracia.

Finalidad

“El objetivo es proteger a los deudores afectados por conflictos sociales, garantizar la estabilidad del sistema financiero y facilitar el cumplimiento de obligaciones de manera justa y proporcional”, señalan los fundamentos del decreto.

El Decreto Supremo N° 5630 refuerza la capacidad del Estado para intervenir en la reestructuración de créditos, proteger a la población y coadyuvar a la recuperación económica tras los bloqueos, asegurando transparencia y supervisión en el proceso.