Evidencia digital gana relevancia en materia penal, pero exige profesionales especializados

La evidencia digital es una pieza cada vez más importante para investigar delitos como estafas, ciberestafas, manipulación informática y ataques a sistemas. Sin embargo, un mensaje, audio, video o captura de pantalla no adquiere valor probatorio solo por existir: debe demostrar que fue obtenido legalmente, que es auténtico y que no fue alterado.

En este escenario, la formación profesional y la experiencia práctica son fundamentales para que los profesionales puedan analizar y gestionar correctamente este tipo de evidencia.

“La evidencia digital adquiere valor probatorio cuando cumple condiciones de licitud, autenticidad e integridad”, explica Cristiam Del Villar, docente de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

Además, advierte que su obtención también debe respetar derechos como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

En Bolivia, en los procesos penales, la evidencia digital encuentra respaldo en el principio de libertad probatoria establecido en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970). Sin embargo, su obtención debe respetar el artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), que protege la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, y el artículo 172 de la misma Ley 1970, referido a la exclusión de pruebas obtenidas ilícitamente.

Por ello, acceder a chats privados, comunicaciones o información personal sin consentimiento o sin la autorización correspondiente puede comprometer su valor dentro de un proceso. La regla es clara: antes de preservar una evidencia, se debe garantizar que fue obtenida de manera legal.

Esta exigencia también incrementa la necesidad de contar con profesionales especializados en evidencia digital, capaces de preservar y documentar correctamente estos elementos.

Cadena de custodia protege la integridad de las pruebas

Una vez obtenida, la evidencia necesita un registro que permita conocer qué ocurrió con ella desde su recolección hasta su presentación ante el fiscal o el juez. Esa trazabilidad forma parte de la cadena de custodia y ayuda a demostrar que el archivo o dispositivo no fue manipulado.

“Desde ese punto de vista existen requisitos importantísimos que tienen que ver con la viabilidad de este tipo de pruebas. Una de ellas es la licitud de la obtención, la cadena de custodia y el peritaje técnico”, señala el especialista.

En la práctica, esto implica identificar el dispositivo de origen, registrar fechas y responsables, conservar los archivos sin modificaciones y trabajar, cuando corresponda, sobre copias forenses. Herramientas como los códigos hash permiten comprobar posteriormente si un archivo sufrió cambios.

El código hash funciona como la huella digital de un archivo informático. Es el resultado de un algoritmo matemático que transforma un conjunto de datos ya sea un texto, una imagen, un video o incluso un disco duro completo, en una cadena de caracteres de longitud determinada. El resultado permite identificar y verificar la integridad del archivo, independientemente de su tamaño original.

Peritaje técnico fortalece la autenticidad ante los jueces

La tecnología también exige especialistas capaces de explicar cómo se obtuvo y analizó la información. “Estas pruebas tienen que ser extraídas y analizadas por profesionales capacitados”, sostiene Del Villar, quien advierte que la alteración de archivos, la pérdida de información temporal o una manipulación inadecuada pueden contaminar la evidencia.

El desafío cobra relevancia en Bolivia, donde celulares, redes sociales, correos electrónicos, cámaras y sistemas informáticos forman parte de numerosas investigaciones. Una captura de pantalla, por ejemplo, puede aportar información, pero necesita contexto y respaldo para establecer su origen y fiabilidad.

La evidencia digital, por tanto, no consiste solamente en guardar archivos. Su fuerza está en demostrar de dónde provienen, cómo fueron obtenidos, quién los custodió y que permanecieron íntegros. Fortalecer estos procedimientos, capacitar a investigadores y operadores de justicia y respetar los derechos fundamentales permitirá que la tecnología contribuya a procesos más confiables y a una justicia preparada para los delitos de la era digital.

En respuesta a esta tendencia y a las nuevas demandas de la sociedad, las carreras de Unifranz evolucionan de manera constante para formar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales y anticiparse a las oportunidades del futuro.

En este contexto, Justicia Penal Digital forma parte de la formación académica de la carrera de Derecho, incorporando conocimientos y competencias especializadas en un campo de creciente relevancia. Esta preparación permite a los estudiantes comprender los nuevos escenarios de la justicia vinculados con la tecnología, fortalecer su perfil profesional y ampliar sus posibilidades de desarrollo laboral.

Fuente: Cristiam del Villar Peñaloza es abogado y jefe de la Unidad de Análisis Estratégico de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Especialista en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y docente de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz). Además, cuenta con un diplomado en Educación Superior bajo el Enfoque Basado en Competencias.