El Gobierno español aprobó un decreto histórico que permitirá a 500.000 personas en situación irregular —muchas de ellas sudamericanas— obtener papeles para trabajar y acceder a derechos básicos.
14/04/2026 19:43
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En una decisión que impactará directamente en miles de familias de la región, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes un nuevo Reglamento de Extranjería. La medida permitirá regularizar la situación administrativa de aproximadamente 500.000 inmigrantes que ya residen y trabajan en el país europeo, pero que hasta ahora permanecían en la invisibilidad legal.
Desde Pekín, el presidente Pedro Sánchez defendió la reforma como un acto de "justicia y economía", subrayando que la medida no solo es un imperativo moral, sino una necesidad para sostener el sistema de pensiones y el crecimiento económico de España ante el envejecimiento de su población.
¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?
El proceso, que el Gobierno califica como un "hito de la legislatura", está diseñado para quienes ya forman parte de la sociedad española. Los puntos clave para los interesados son:
Fecha de corte: Deben demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.
Residencia: Acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses.
Antecedentes: Es obligatorio carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen.
Habilitación inmediata: Una vez iniciada la solicitud, el migrante quedará habilitado provisionalmente para trabajar legalmente mientras se resuelve su expediente.
Fechas clave para el trámite
Para evitar el colapso administrativo, el Gobierno ha diseñado un calendario específico:
16 de abril: Inicia la recepción de solicitudes de forma telemática (vía internet). Ese mismo día se podrán solicitar citas para trámites presenciales.
20 de abril: Comienza la atención presencial en las oficinas habilitadas.
30 de junio de 2026: Fecha límite para presentar la solicitud.
Logística sin precedentes
Debido al "aluvión" de trámites que se espera, el Ejecutivo ha habilitado a la red de Correos y a la empresa pública Tragsa para agilizar la gestión de documentos, especialmente para quienes viven en zonas rurales o alejadas de las grandes capitales. Se han reforzado las plantillas con más de 600 trabajadores extraordinarios y se ha habilitado el teléfono 060 para resolver dudas.
Un debate político encendido
Pese al respaldo de la Iglesia Católica y las organizaciones empresariales (patronal), que demandan mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados, la medida fracturó el tablero político español.
El oficialismo: La ministra Elma Saiz criticó el cambio de postura del Partido Popular (PP), que hace dos años apoyó la iniciativa y ahora la rechaza. "El PP ha elegido estar al lado de la ultraderecha de Vox y no de la Iglesia o los sectores productivos", afirmó.
La oposición: El PP y Vox han advertido sobre un posible "efecto llamada" y han calificado la regularización de "temeridad" e "invasión institucionalizada". Vox ya anunció que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo.
Impacto para Sudamérica
Esta regularización es la mayor desde la realizada en 2005 por el gobierno de Zapatero. Para Sudamérica, representa una oportunidad de estabilidad para miles de ciudadanos (bolivianos, colombianos, venezolanos, entre otros) que envían remesas y buscan consolidar su vida en España. El permiso inicial tendrá una vigencia de un año, tras el cual los beneficiarios podrán integrarse plenamente en el régimen general de extranjería.
Según informes técnicos citados por el Gobierno, España necesita entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta el año 2050 para mantener su Estado de Bienestar.
Con datos de El País, France 24 y rtve.es.
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