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Admiten denuncia de cívicos cruceños contra Evo Morales, Argollo y Salazar por los 53 días de bloqueos

La acción legal fue presentada el miércoles 1 de julio por el presidente Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien informó que la denuncia incluye al menos nueve tipos penales, entre ellos terrorismo, alzamiento armado y financiamiento del terrorismo.

Admiten denuncia de cívicos cruceños contra Evo, Argollo y Salazar. FOTO: RED UNO/RRSS. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El Ministerio Público admitió la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y el representante de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, por su presunta participación en los bloqueos y movilizaciones registrados durante 53 días en el país.

La acción legal fue presentada el miércoles 1 de julio por el presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, quien informó que la denuncia incluye al menos nueve tipos penales, entre ellos terrorismo, alzamiento armado y financiamiento del terrorismo. Según la parte denunciante, los hechos habrían derivado en la vulneración de derechos fundamentales como la libre locomoción, el derecho al trabajo, la vida y la integridad física.

Cochamanidis afirmó que los señalados son considerados “cabecillas” de las medidas de presión y sostuvo que existen elementos que respaldarían la acusación. Además, anunció que el Comité pro Santa Cruz hará seguimiento al proceso judicial abierto por el Ministerio Público.

“Son nueve delitos los que hemos podido identificar… porque lo que ocurrió en el país desde mayo hasta junio tiene que tener responsables”, señaló el dirigente cívico, quien también calificó los hechos como un intento de “secuestrar el país” durante el periodo de protestas.

De acuerdo con la denuncia, los bloqueos habrían generado un impacto significativo en la economía nacional, además de provocar la muerte de más de diez personas y millonarias pérdidas en distintos sectores productivos, situación que ahora será evaluada en la investigación fiscal en curso.

El proceso recién admitido abre una etapa de investigación en la que el Ministerio Público deberá determinar si existen elementos suficientes para sustentar una eventual imputación formal contra los denunciados.

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