Golpiza a policías, estafas telefónicas y extorsiones por 'derecho de piso', reflejan descontrol en cárceles 

Los principales centros de reclusión del país han sido escenarios en las últimas semanas, de hechos violentos, como el registrado por cámaras de seguridad en Chonchocoro, donde se dio un motín y una golpiza a policías, a la cabeza de un acusado de matar a efectivos policiales: Misael Nallar. Entre tanto, en Santa Cruz, el desbaratamiento de una red de estafadores reveló, el 17 de mayo, que tenían nexos con al menos seis internos en el penal de Palmasola.  
Y para completar ‘el círculo’ en el eje troncal, las denuncias por extorciones y excesos al interior de San Sebastián varones, han sido frecuentes en el primer semestre del año. 

Pero, para el director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, este hecho no demuestra vulnerabilidad en la seguridad del recinto, sino más bien, la rápida acción. “Nosotros hemos demostrado que existe una reacción rápida cuando pasan estos hechos. El caso de Nallar fue censurado porque eso se dio en un bloque y eso mismo lo han detectado los otros privados de libertad”, aseguró.

Sin embargo, otras voces, como Ramiro Llanos, ex director de la misma institución, asegura que este tipo de hechos continuarán registrándose en el país, mientras la Policía siga a cargo de la seguridad de los recintos en lugar de, según propone, pasen a cargo de administradores civiles. “Los policías no pueden estar a cargo de las cárceles porque por esto ocurren este tipo de ilícitos. Se pierde la autoridad cuando se hacen amigos entre reos y policías”, indicó Llanos. 

Más allá de las opiniones, las historias cuentan la realidad:

Penal de San Sebastián Fiestas, alcohol, cobros de derecho de piso y violaciones: Esposas de privados de libertad denunciaron a Red Uno que los delegados de este recinto, proceden a realizar cobros por ‘derecho de piso’ en reiteradas oportunidades, al mismo recluso. Indican que en caso de no obtener el dinero proceden a golpearlos y, hay casos, hasta violarlos sexualmente. 
El pesado mes de abril, dos privados de libertad fueron torturados porque se negaron a pagar un monto de dinero por su propia celda. 

“Mi esposo y mi cuñado ya compraron una celda de 2500 dólares y ahora les quieren cobrar 600 dólares más, pero nosotros no quisimos pagar. Ahora resulta que a mi cuñado lo bajaron y lo golpearon en todo el cuerpo y mi esposo se escondió", denunció la esposa de uno de los reclusos, que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias. 

En junio de este año, un privado de libertad de nacionalidad chilena denunció que fue víctima de violación grupal al negarse a pagar ‘derecho de piso’. 

“Entró por traficar drogas y no quiso pagar a los delegados. Ya estaba amenazado, pero el Gobernador no hizo nada. Una noche lo bajaron y lo violaron con un palo”, relató una de las denunciantes. 

El penal de San Sebastián, en esta gestión recibió entre 5 y 7 denuncias por diferentes irregularidades. Al respecto, Limpias admitió que las denuncias son recurrentes. "Generalmente las denuncias llegan de este tipo de regímenes. Esto pasa porque los reos creen que tienen derecho de propiedad por celdas, y piensan que pueden cobrar. Sí recibimos denuncias y hacemos todo por atender estas denuncias. Cuando hay este tipo de reos, lo que hacemos es cambiarlos de penal", confirmó la autoridad. 

Para la ex directora del Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suarez, las pugnas de poder fueron remplazadas por permitir “todo tipo de negocios” al interior de los recintos a cambio de que los efectivos policiales y el Gobernador reciban “su parte”.

“Ya no se pelean porque todos se dedican a diferentes cosas, entonces los policías reciben su parte porque también son parte de estos hechos. Los cobros por derecho de piso son normales, se cobra de acuerdo al delito que cometiste; es decir que, si eres un privado por narcotráfico, te van a cobrar más, esto es algo que se conoce en las cárceles y nadie hace nada”, señaló la ex directora del Régimen Penitenciario. 

Mientras tanto ¿Qué pasa en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz?

Reos estafaban por teléfono desde Palmasola: El pasado mes de junio, tras una investigación de Red Uno, la Policía desbarató una gigantesca organización criminal dedicada a las ciberestafas. Seis reos operaban desde el penal de Palmasola y estafaban mediante mensajes de celular. Los privados de libertad fueron encontrados en el PC-4 (Régimen abierto), con varios celulares y chips con los que utilizaban redes sociales para captar a sus víctimas. Estos reos cumplían detención y condena por los delitos de violación, abuso sexual y estafa.
Pero este grupo de reos no operaban solos, ya que otras cuatro personas, tres varones y una mujer, se encontraban operando dentro de una casa ubicada en la zona de la Villa Primero de Mayo. Posteriormente se desbarató otra red que funcionaba como si fuese una empresa en un edificio en el segundo anillo de la avenida San Martín. 

El director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que aún se investiga para conocer si existen más reos que participan de estas estafas. 
Por su parte, Pamela Suarez, asegura que estas actividades no son “novedosas”. Según afirma Suarez, los efectivos policiales son quienes conocen de estos hechos. “Primero, son los policías quienes permiten el ingreso de los teléfonos celulares y después claro que saben de estas actividades ilícitas porque es obvio que reciben una parte del negocio”, señaló la ex autoridad. 

¿Y qué pasa en La Paz?, ¿Cómo es posible que un acusado de matar a policías, golpee a los custodios del verde olivo e inste a los otros reos a un motín en la supuesta cárcel de máxima seguridad del país?

Penal de Chonchocoro: Intento de un motín liderado por Nallar: A inicios del mes de junio, con la presentación de un video captado por las cámaras de seguridad de Chonchocoro, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló a Misael Nallar Viveros (recluido por la muerte de dos policías y un voluntario de Gacip en junio de 2022 en Santa Cruz), como el responsable de liderar un intento de motín en el penal de máxima seguridad del país, ubicado en el municipio de Viacha.

Según el informe, el director de la cárcel, sargento Roger Sánchez, junto a otros dos uniformados, ingresaron al Bloque B a verificar la celda de Nallar, pero este agredió directamente a la máxima autoridad del penal.
Asimismo, en este informe se da a conocer que los otros reclusos de los bloques B y J amenazaron a los policías, quienes tuvieron que huir del lugar.

La golpiza quedó grabada por las cámaras de seguridad, pese a que Nallar ordenó a los otros internos, destruir las grabaciones. 
Para el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, esto se trató de “un hecho aislado” y un acto visto después de varios años. 

“Nosotros en este caso hemos demostrado que existe una reacción inmediata en este tipo de hechos. Esto de Nallar es algo que ha ocurrido después de mucho tiempo. No hay manera de que escapen, es un penal de máxima seguridad” 

Llanos por su parte cree que estas acciones se deben a que los reos han perdido el respeto a efectivos policiales. “Se hacen amigos, parrilladas y ya no hay respeto. Es por esto que después los golpean o lo que se vio con el caso de Nallar. Es por esto que debe dejar la Policía de hacerse cargo de la seguridad”, indicó. 

Saturación e infraestructura insuficiente

En Bolivia existen 98 establecimientos, según la Defensoría del Pueblo. En enero de 2022 había un total de 19.300 reclusos, frente a los 28.838 en diciembre de 2023. Es decir que, solo en ese periodo, hubo crecimiento de la población carcelaria de 9.538 personas, entre varones y mujeres, con detención preventiva y sentencia. O sea que, en 24 meses, el hacinamiento se incrementó en 33,1%.

El crecimiento de la población carcelaria es imparable y una parte del problema de este congestionamiento es la retardación de justicia (reos sin sentencia) y el exceso de la medida de detención preventiva. 

Del total de personas que habitan los recintos penitenciarios del país, solo 10.758 cuentan con una sentencia por sus procesos, que representa el 37,30%; mientras que 18.080, es decir el 62,70%, cumple con detención preventiva, según detalla el Régimen Penitenciario. A diciembre de 2023, el departamento que más reclusos presentaba, entre detenidos preventivos y sentenciados, Santa Cruz, con el 37,1% del total; le seguía La Paz con el 20,21%, Cochabamba con 14,18%, Tarija con 6,12%, Beni con 4,66%, Oruro con 6,23%, Potosí con 5%, Chuquisaca con 4,14% y Pando con 2,4%. 

El Ministerio de Justicia informó que con el Decreto de Amnistía e Indulto se pretende beneficiar a un total de 3.180 privados de libertad, de los cuales 2.781 varones y 399 mujeres de las diferentes cárceles del país.
Pero mientras el decreto no esté aprobado ni promulgado, el Régimen Penitenciario señala que una de sus soluciones, ante la demanda de la población carcelaria, es la expansión en la infraestructura. 

"El hacinamiento es alto, la justicia no asume responsabilidad respecto a la sobre carga. Nosotros estamos trabajando en infraestructura, tratando de resolver este problema. En principio pretendemos ampliar Palmasola y San Pedro de La Paz, por lo menos empezar la ampliación", indicó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Según Llanos, la ley no beneficiaría a más de 300 privados de libertad a nivel nacional. Asegura que la ley no beneficia a la mayoría. Esa mayoría pertenece a quienes están con sentencias mayores a ocho años.  

“No entra robo agravado, homicidio, violencia contra la mujer, no entran accidentes de tránsito. Es decir que no se va a beneficiar más de 300 privados de libertad”, asegura Llanos. 

La ex autoridad cree que la solución es un “indulto universal a los años pena”. 

“Se debe perdonar a todos los presos dos años de su sentencia. El que tiene cuatro años, se lo va apersonar dos y se va a ir. El que tiene seis, se perdona dos y se queda pero tiene expectativa para salir pronto. Esto va a permitir que ellos mismos puedan mejorar su conducta”, concluye Llanos. 

Mientras pasan los días, el número de privados de libertad continúa creciendo y las autoridades buscan la manera de sobrellevar la situación. En los hechos, el hacinamiento, las denuncias de vulneraciones a derechos humanos y los delitos cometidos desde el interior de los penales contra el resto de la ciudadanía, continúa.