Alcaldía de La Paz acatará el paro cívico y Arias dice que se trata de defender el principio de libertad

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó la noche de este viernes que la ciudad acatará el paro cívico del 11 de octubre en defensa de la libertad y la propiedad privada.

En tanto que el Consejo Nacional de la Democracia (Conade) convocó al bloqueo de las esquinas sin confrontar con los "grupos de choque" del MAS que pretenderán romper los puntos de bloqueo.

"Paceños y paceñas después de varias reuniones y consultas a gremios y sectores sociales hemos decidido acatar el paro del día lunes 11 de octubre" anunció el alcalde Arias hace instantes a través de sus redes sociales. 

"Este no es un paro político partidario porque se basa en defender principios básicos como el derecho a la libertad y a la propiedad privada que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas nos quiere conculcar", lamentó la autoridad edil en un video difundido recientemente.

"En defensa de esos valores y siempre pensando en el bien común es que les pido a todos participar del paro del día lunes, a 39 años de haber conquistado la democracia, la defensa de la libertad y la Constitución es algo con lo que se puede transar jamás", agregó. 

La decisión de Arias se da después de un retroceso pues la mañana de este viernes había informado que el municipio de La Paz no acataría el paro y, en cambio, convocaría a una Asamblea de la Paceñidad, como instancia que debe tomar decisiones.

Manuel Morales, representante del Conade, llamó a la ciudadanía paceña a bloquear las esquinas con pitas, sogas o piedras sin confrontar con los "grupos de choque" del MAS.  "Si vienen grupos de choque o la Policía deben retirarse y volver a bloquear, esa es la metodología que estamos instruyendo para que el paro sea exitoso", afirmó.

Los comités cívicos y la cumbre por la democracia determinaron que el 11 de octubre se realizará un paro nacional en contra de la "persecución política" del gobierno de Luis Arce y en contra de la ley de legitimación de ganancias ilícitas que prevé la incautación de bienes sin un proceso judicial.