Mientras persisten los bloqueos en varias carreteras del país, surge el debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la libre circulación de la población.
13/05/2026 21:24
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Los bloqueos en distintas carreteras del país continúan pese a las mesas de diálogo y a las demandas de sectores movilizados por la abrogación de la Ley 1720. La medida genera perjuicios en el transporte, el abastecimiento y el desplazamiento de miles de ciudadanos, mientras crece el pedido ciudadano de una pronta solución al conflicto.
En medio de este escenario, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió: “El Ministerio Público hará respetar la Constitución Política del Estado, la democracia y la legalidad”.
Además, aseguró que se investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional aclara que ningún derecho es absoluto cuando vulnera de manera desproporcionada otros derechos, como la salud, el trabajo o la vida de terceros.
En ese marco, el Código Penal boliviano, en su artículo 213, señala sanciones de reclusión de uno a cuatro años para quien impida, perturbe o ponga en peligro la seguridad o regularidad del transporte público por tierra, aire o agua.
Desde distintos sectores de la población se insiste en que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo, mientras persisten los bloqueos en varias rutas del país.
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