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Las organizaciones sociales advirtieron que, de no existir respuestas concretas por parte de las autoridades dentro del plazo establecido, podrían asumir medidas de presión y movilizaciones.
14/06/2026 19:13
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La Federación Interculturales Productores Agropecuarios Norte Integrado Faja Central, junto a organizaciones sociales y vecinos de Yapacaní, determinó otorgar un plazo de 72 horas al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, y al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco Dalence, para que se presenten en el municipio y adopten acciones concretas frente a la creciente inseguridad, tras el secuestro y asesinato del dirigente agropecuario Edgar Peñaloza Soliz.
La decisión fue asumida durante un ampliado de emergencia realizado este domingo, en el que dirigentes y representantes de distintos sectores analizaron los hechos de violencia, secuestros, extorsiones y presuntos vínculos con el crimen organizado que, según señalaron, están generando temor entre los habitantes de Yapacaní.
En un voto resolutivo, la organización expresó sus condolencias a la familia de Peñaloza Soliz, a quien identifican como agricultor, ganadero y afiliado a la federación. Asimismo, condenaron los hechos de violencia que afectan a productores agropecuarios y a la población en general.
La federación también rechazó de manera categórica las declaraciones atribuidas al oficial policial José Luis Cuéllar, quien habría señalado presuntos vínculos de la víctima con actividades de narcotráfico. Los dirigentes sostienen que Edgar Peñaloza era un productor agropecuario y ganadero reconocido en la región, por lo que consideran que dichas afirmaciones carecen de sustento.
El voto resolutivo convoca formalmente al Ministro de Gobierno y al Gobernador de Santa Cruz a presentarse en Yapacaní dentro de las próximas 72 horas para coordinar acciones inmediatas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana. Entre las medidas planteadas figuran el incremento de la presencia policial, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del delito y mayores garantías de protección para las comunidades rurales y urbanas del municipio.
Las organizaciones sociales advirtieron que, de no existir respuestas concretas por parte de las autoridades dentro del plazo establecido, podrían asumir medidas de presión y movilizaciones.
Finalmente, hicieron un llamado a todas las instituciones y organizaciones vivas de Yapacaní para actuar de manera conjunta frente a la problemática de inseguridad, priorizando la defensa de la vida, la paz social y la tranquilidad de la población.
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