Cinco aprehendidos tras aplicación de ley contra bloqueos en Rurrenabaque

El municipio de Rurrenabaque comenzó a aplicar la Ley Municipal 232, una normativa destinada a garantizar la libre circulación de personas, vehículos y servicios esenciales, luego de más de 20 días de bloqueos.

La norma fue promulgada el 21 de mayo de 2026 por el Concejo Municipal y establece mecanismos de prevención, protección y garantías para la circulación en vías públicas, caminos vecinales y carreteras dentro de la jurisdicción municipal.

Según explicó el alcalde Elías Moreno Vargas, la ley surgió como respuesta a la crisis generada por las medidas de presión que mantuvieron aislada a la población y dificultaron el acceso a gasolina, diésel y productos de primera necesidad.

“La ley nació de la necesidad de poder transitar libremente”, afirmó la autoridad, señalando que la elaboración de la normativa fue resultado de reuniones de emergencia con autoridades de Reyes, Santa Rosa, San Borja, San Buenaventura e Ixiamas.

La Ley 232 reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, aunque establece límites cuando las movilizaciones vulneran derechos considerados esenciales.

Entre sus disposiciones, prohíbe impedir el paso de ambulancias, restringir el acceso a hospitales y centros médicos, así como obstaculizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Asimismo, el artículo 10 determina que, ante el cierre o restricción de vías, deberá instalarse inicialmente un proceso de diálogo. Sin embargo, si después de cuatro horas no se logra el desbloqueo, el Ejecutivo Municipal podrá coordinar acciones junto a la Policía, la Guardia Municipal y organizaciones de la sociedad civil para restablecer la circulación.

La normativa también establece que el Gobierno Autónomo Municipal deberá constituirse en parte denunciante o querellante cuando se registren acciones que afecten la transitabilidad, los derechos colectivos o el acceso a servicios esenciales.

En ese marco, autoridades municipales informaron que cinco personas fueron aprehendidas por los bloqueos registrados en la comunidad El Palmar. De ellas, dos cumplen detención preventiva, mientras que otras tres fueron beneficiadas con medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario y arraigo.

Además, la ley contempla la posibilidad de iniciar procesos penales por delitos relacionados con atentados contra servicios públicos, impedimento de circulación, afectaciones a la salud pública y otras figuras establecidas en la legislación boliviana.