Concejal exige seguir la ruta del dinero destinado a la doble vía a La Guardia

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue citado para declarar dentro de la investigación por el proyecto del viaducto de la doble vía a La Guardia y el destino de un crédito cercano a los Bs 66 millones.

Según informó el concejal Edgar Álvarez, la comparecencia está prevista para este jueves 23 de julio, a las 16:30, en dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción.

El caso se concentra en una obra vial que debía ejecutarse en la intersección de la doble vía a La Guardia y el cuarto anillo. El Concejo Municipal aprobó en octubre de 2023 el acceso al crédito para construir un paso a desnivel de 487,2 metros, destinado a beneficiar a los distritos municipales 4 y 10.

Sin embargo, la infraestructura no fue concluida y la actual administración municipal denunció que los recursos obtenidos no se reflejarían en un avance físico equivalente. La existencia de una presunta irregularidad y cualquier responsabilidad penal deberán ser determinadas por el Ministerio Público y la Justicia.

“La Justicia debe investigar a todos los responsables”

Álvarez sostuvo que la citación permitirá conocer las decisiones adoptadas durante la anterior gestión y establecer cómo se administraron los recursos destinados al viaducto.

“La Justicia está haciendo su trabajo. Se tiene que investigar y dar con cada uno de los responsables que deban responder por el daño ocasionado a la ciudad de Santa Cruz”, afirmó.

El concejal calificó el caso como una presunta malversación de fondos, aunque esa acusación todavía debe ser probada dentro del proceso correspondiente.

También pidió que la investigación no se limite al exalcalde y alcance a quienes ocuparon cargos técnicos, financieros y administrativos durante la planificación, contratación y ejecución del proyecto.

Piden ampliar las pesquisas a exsecretarios y funcionarios

De acuerdo con Álvarez, las declaraciones de Fernández podrían ayudar a determinar qué autoridades participaron en el manejo del crédito y en las decisiones relacionadas con la obra.

“No se trata solamente del exalcalde. Se debe investigar a cada uno de los funcionarios que tuvo responsabilidad y establecer qué ocurrió con el proyecto y con los recursos”, manifestó.

Las pesquisas podrían incluir a exsecretarios municipales, responsables financieros, técnicos, supervisores y otras personas que intervinieron en la aprobación o ejecución del viaducto.

El objetivo será reconstruir la ruta administrativa del dinero: desde la contratación del crédito hasta los desembolsos, modificaciones presupuestarias y eventuales pagos realizados.

Una obra inconclusa que afecta a los conductores

El proyecto fue presentado como una solución para descongestionar uno de los accesos más transitados de Santa Cruz de la Sierra. La obra contemplaba una inversión aproximada de Bs 66,4 millones y un plazo de ejecución de 540 días calendario.

Sin embargo, el sector continúa registrando problemas de circulación. Álvarez cuestionó que durante la anterior gestión se realizaran cierres y trabajos preliminares que terminaron generando congestionamiento sin que la infraestructura fuera concluida.

“Casi cuatro años después, la obra no se ejecutó. Lo que se hizo fue cerrar una vía troncal y provocar un colapso que terminó perjudicando a los conductores”, sostuvo.

La fecha mencionada por el concejal contrasta con los registros públicos del proyecto, que sitúan la aprobación del acceso al crédito en octubre de 2023. La investigación deberá precisar cuándo comenzó cada etapa, qué contratos fueron firmados y cuánto dinero fue efectivamente utilizado.

La investigación deberá seguir la ruta del dinero

Álvarez afirmó que los Bs 66 millones ya no estarían disponibles en las cuentas municipales. No obstante, esa versión deberá ser respaldada mediante extractos bancarios, registros contables, informes de auditoría y documentación oficial.

Hasta que la Fiscalía emita una imputación sustentada o exista una decisión judicial, no corresponde afirmar que los recursos fueron robados o malversados como un hecho comprobado.