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Concejo de Santa Cruz fiscaliza al dirigente Robert 'Pimpo' Hurtado tras paro de salud catalogado de "injustificado"

La concejal María Victoria Rosales denunció que el sindicato de administrativos de hospitales municipales acata una paralización de 72 horas sin aval del Ministerio de Trabajo.

Concejo de Santa Cruz fiscaliza al dirigente Robert "Pimpo" Hurtado tras paro de salud catalogado de "injustificado"
Santa Cruz, Bolivia

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El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra activó procesos de fiscalización en contra de la Federación de Trabajadores en Salud, liderada por Robert 'Pimpo' Hurtado, a raíz del paro de 72 horas declarado por el sector administrativo de los hospitales municipales, medida que fue calificada como "totalmente injustificada".

Acciones legales y denuncias por conflicto de intereses

La concejal María Victoria Rosales informó que ya se están tomando las actuaciones pertinentes desde el órgano deliberante en conjunto con la Dirección de Transparencia, encabezada por el doctor Alberto Vaca.

La autoridad edil cuestionó la legitimidad de las protestas debido a los lazos familiares del dirigente dentro de la institución pública:

"Es importante mencionar que el señor Hurtado tiene más de 10 personas involucradas de su familia en el sistema de salud. Entonces son juez y parte de una protesta, son juez y parte de todo tipo de movimientos que pueden gestar desde dentro del sindicato", enfatizó Rosales.

Inexistencia de respaldo legal y fuera de plazo

Por otro lado, la concejal reveló que el Ministerio de Trabajo desconoce formalmente la medida de presión. Explicó que, durante una visita de fiscalización realizada al hospital El Bajío, un trabajador le mostró una carta de notificación; sin embargo, esta fue enviada el mismo día en que inició el paro, incumpliendo los plazos establecidos.

"El Ministerio de Trabajo en los medios de comunicación a nivel nacional salió informando que no tenían conocimiento de este paro [...], y el mismo primer día de paro habían mandado una carta, entonces totalmente fuera de plazo, totalmente injustificado", detalló.

Rosales añadió que los movilizados justificaron la medida bajo el argumento de "compañerismo" con otros entes estatales de salud, una postura que calificó de carente de sustento ante la necesidad prioritaria de la ciudadanía de acceder a los servicios sanitarios.

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