De la fiesta a la cárcel: capturan a mujer que habría asesinado a su esposo hace 20 años

La Policía aprehendió a Janeth Bejarano Vargas, quien contaba con un mandamiento de condena por el delito de asesinato, tras ser buscada durante varios operativos en la ciudad de La Paz.

La mujer fue capturada en la zona Sur luego de un mes de labores de inteligencia.

Condena por asesinato

Bejarano fue sentenciada a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinato de su esposo, Ariel Conde, militar de la Fuerza Aérea, ocurrido hace aproximadamente 20 años.

“Mandamiento de condena por el delito de asesinato por 30 años de privación de libertad”, informó el jefe de la División Manejo y Control de Crisis de la FELCC, capitán César Fernández Villarroel.

Fue encontrada tras una fiesta

De acuerdo al reporte policial, la mujer fue ubicada cuando salía de una actividad social.

“Fue encontrada en la zona Sur… estaba saliendo de una fiesta y con aliento alcohólico”, detalló la autoridad.

Al momento de la intervención, se encontraba acompañada de un hombre, quien será investigado por posible encubrimiento.

Intentos fallidos de captura

La Policía realizó al menos dos allanamientos previos en distintos domicilios sin lograr ubicarla.

“Después de un mes de labores de inteligencia se pudo dar con la misma”, indicó Fernández.

Denuncias de la familia

La madre de la víctima expresó que durante años exigieron justicia y denunció presuntas irregularidades en el proceso.

“He padecido por justicia… le han dado 30 años, pero no ha cumplido ni la mitad”, manifestó.

También cuestionó que la condenada no habría cumplido medidas anteriores y que existieron influencias que favorecieron su permanencia fuera de la cárcel.

Remitida a centro penitenciario

Tras su aprehensión, Bejarano fue trasladada al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, donde deberá cumplir la sentencia impuesta por la justicia.

Investigación en curso

Las autoridades no descartan abrir nuevos procesos por encubrimiento contra la persona que la acompañaba al momento de su captura.

El caso vuelve a poner en debate el cumplimiento de sentencias y el control de personas condenadas por delitos graves en el país.