Las instituciones firmantes advierten que la falta de concertación puede agravar la situación y piden a autoridades, sectores movilizados y actores políticos priorizar una salida pacífica.
25/05/2026 13:23
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia y 125 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto en el que exigen la instalación inmediata de un diálogo “respetuoso, inclusivo y eficaz” frente a la crisis social y política que atraviesa el país.
El comunicado expresa preocupación por el incremento de la conflictividad y advierte que los bloqueos y movilizaciones ya generan graves efectos en la población, como el desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en distintas ciudades.
Las instituciones alertaron que la falta de acuerdos puede traer “consecuencias incalculables” y pidieron a todos los actores involucrados priorizar el diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto.
“El diálogo respetuoso y eficaz es la única vía para construir soluciones estructurales”, señala parte del pronunciamiento, que además plantea la necesidad de definir una hoja de ruta clara para atender las demandas sociales y fortalecer la institucionalidad democrática.
El llamado está dirigido a organizaciones movilizadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de actores políticos, a quienes se convoca a participar en un espacio seguro, plural y libre de estigmatización, con respeto a los derechos humanos y a la diversidad de opiniones.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Gobierno y a los sectores sociales movilizados a deponer actitudes y priorizar el futuro del país mediante el diálogo, como vía para superar la crisis actual.
Entre las instituciones firmantes se encuentran organizaciones de derechos humanos como Acción por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y el Centro de Orientación y Defensa de Derechos Humanos; además de gremios de prensa, colectivos de mujeres, organizaciones LGBTIQ+, instituciones campesinas, ambientales y redes de acción social de los nueve departamentos.
También respaldan el pronunciamiento entidades como la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Oficina Jurídica para la Mujer, CIPCA, Fundación Voces Libres, UNITAS y Ruta de la Democracia.
El documento también pide garantías para el trabajo de los medios de comunicación y protección para las instituciones que cumplen labores de mediación, entre ellas la Defensoría del Pueblo y las Iglesias.
Finalmente, las organizaciones exhortaron al Órgano Ejecutivo a garantizar la seguridad, la vida y el libre tránsito de la población, y remarcaron que cualquier salida a la crisis debe basarse en soluciones sostenibles y de largo plazo, y no únicamente en medidas temporales o coyunturales.
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