Defensoría exige investigar grupos de choque y armas de fuego tras operativo en San Julián

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial en el que expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia registrados en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, durante el operativo policial y militar ejecutado el pasado 6 de junio para desbloquear la carretera que conecta con el Beni.

A través de una verificación realizada en el terreno, la entidad defensorial confirmó un saldo total de 33 personas heridas, distribuidas entre 26 civiles y siete efectivos de la Policía Boliviana. El reporte detallado de los afectados expone la gravedad de los enfrentamientos en la zona.

Balance de heridos y uso de armas de fuego

De acuerdo con los datos recabados por el personal defensorial en los centros médicos y el lugar del conflicto:

• Estado de los civiles: De las 26 personas afectadas, 24 presentaron lesiones leves o moderadas y ya recibieron el alta médica. Por otra parte, dos civiles permanecen internados para ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, uno de ellos debido a una herida de bala.

• Estado de los policías: De los siete uniformados heridos, cuatro recibieron atención médica por impactos de proyectiles de arma de fuego. Entre ellos, un efectivo que presenta una lesión en la cabeza se encuentra en la unidad de terapia intensiva.

Alerta por presencia de "actores paraestatales"

La institución autónoma denunció que durante el desarrollo del operativo en San Julián se constató la participación de actores paraestatales y grupos de choque, además del empleo de explosivos y armas de fuego. Ante esta situación, exigió al Ministerio Público llevar adelante una investigación objetiva, transparente y célere que permita establecer responsabilidades individuales.

Finalmente, el organismo exhortó a todas las partes involucradas a deponer actitudes hostiles para frenar la escalada de violencia, priorizar el diálogo como vía de resolución pacífica y resguardar a la población civil, ratificando que mantendrán el monitoreo constante en el sector bajo su mandato constitucional de velar por los derechos humanos en el país.