{{volanta}}
Comisiones interinstitucionales constataron la existencia de trabajos auríferos clandestinos cerca del río Serkheta. Análisis de laboratorio realizados en La Paz a muestras de agua cruda y tratada descartaron la presencia de metales pesados.
13/11/2026 23:00
Escuchar esta nota
Tras una semana de intensa tensión e inspecciones técnicas en las cabeceras de la cuenca de Misicuni, las incertidumbres sobre la seguridad sanitaria del agua quedaron despejadas este viernes, luego de que laboratorios certificados en La Paz confirmaran la ausencia total de mercurio en el sistema de abastecimiento del eje metropolitano. Sin embargo, las verificaciones en terreno por parte de la AJAM, el Sernap, la Gobernación y la Alcaldía confirmaron un hecho alarmante: la existencia de operaciones de minería aurífera ilegal en pleno Parque Nacional Tunari.
Laboratorios descartan contaminación y Semapa anuncia controles quincenales
El gerente de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, presentó los resultados oficiales de las muestras de agua cruda y potable recolectadas el pasado 9 de noviembre. Los análisis arrojaron parámetros inferiores a 0,001 miligramos por litro (<1 microgramo por litro), ubicándose muy por debajo de los límites permitidos tanto por la norma boliviana NB 512 como por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Los resultados de los laboratorios nos indican que no hay mercurio en esas muestras. Tanto el agua cruda que recibimos de Misicuni como el agua potable están garantizadas gracias al estricto proceso de potabilización que retiene cualquier metal pesado", enfatizó Prudencio.
Ante la preocupación ciudadana generada por el caso, las instituciones acordaron institucionalizar un protocolo de tranquilidad pública mediante monitoreos de laboratorio cada 15 días, en coordinación con la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Colegio de Médicos.
Inspecciones confirman explotación a cielo abierto y repliegue de maquinaria
En paralelo a los informes de laboratorio, comisiones integradas por autoridades municipales, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Brigada Parlamentaria y la Gobernación llegaron hasta la cuenca del río Serkheta, a más de 25 kilómetros de la presa principal.
Durante la verificación conjunta se evidenció la existencia de fosa de excavación, huellas recientes de maquinaria pesada (palas cargadoras y excavadoras), piscinas de retención y laderas intervenidas a cielo abierto. Las autoridades estiman que los operadores clandestinos abandonaron el lugar apenas unos cinco días atrás, llevándose tractores y volquetas ante el revuelo mediático y las denuncias públicas.
La postura de la AJAM: El director de la entidad, Daniel Gonzales, señaló que se identificaron los puntos de perturbación y se activaron las acciones legales y penales correspondientes para dar con los responsables de la actividad extractiva ilícita.
El reclamo de las instituciones: El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, y el asambleísta departamental Edwin Jiménez cuestionaron la falta de reacción inmediata por parte de algunas instancias estatales y exigieron investigar cómo se habrían tramitado antecedentes de concesiones en zonas de reserva hídrica. A su vez, la Brigada Parlamentaria solicitó informes técnicos detallados a Misicuni.
El rol de los comunarios: contradicciones y promesas incumplidas
Uno de los aspectos más polémicos revelados durante los recorridos fue la postura de los habitantes de la zona. Si bien en un inicio algunos comunarios negaron la existencia de trabajos mineros asegurando que el río se mantenía limpio y con actividades piscícolas, la evidencia encontrada en las minas desató contradicciones.
Posteriormente, se admitió que personas ajenas a la comunidad lograron ingresar y operar debido a promesas de obras sociales, tales como la construcción de una escuela o una posta sanitaria, beneficios que —según señalaron— nunca se materializaron. Asimismo, las fiscalizaciones documentaron la colocación de trancas en caminos vecinales, una problemática que restringe el libre acceso de las autoridades y evidencia vacíos de control institucional en regiones de la cordillera.