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La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz sostiene que la denuncia sobre madera boliviana presuntamente impregnada con droga dañó la reputación del sector, paralizó exportaciones y puso en riesgo contratos y fuentes laborales.
18/07/2026 13:53
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El denominado caso “narcomaderas” abre un nuevo frente de tensión económica y diplomática entre Bolivia y Chile.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) solicitó al Gobierno boliviano impulsar acciones legales, administrativas y diplomáticas por los perjuicios ocasionados al sector forestal después de que autoridades chilenas anunciaran el presunto hallazgo de droga impregnada en cargamentos de madera procedentes de Bolivia.
Mediante un comunicado, la organización empresarial expresó su “profundo malestar y preocupación” y cuestionó particularmente la actuación del fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.
La FEPSC sostiene que la presentación pública del caso se habría basado en una interpretación incorrecta de pruebas preliminares, generando una fuerte afectación a la imagen de las empresas forestales bolivianas y a su credibilidad ante compradores internacionales.
PIDEN UN RECLAMO FORMAL ANTE CHILE
El sector empresarial solicitó al Estado boliviano presentar un reclamo formal ante el Gobierno chileno y promover una investigación sobre la actuación del fiscal que encabezó la difusión del caso.
También pidió evaluar las acciones administrativas y legales que correspondan para obtener una reparación por los daños económicos y reputacionales provocados.
“Una acusación de esta magnitud no puede difundirse sin el debido rigor técnico, especialmente cuando pone en riesgo contratos, exportaciones y fuentes de empleo”, sostiene la posición empresarial.
La FEPSC considera que el caso comprometió relaciones comerciales construidas durante años y sembró dudas sobre toda la actividad forestal boliviana, pese a que las investigaciones involucran cargamentos y empresas concretas.
La organización pidió que los resultados sean esclarecidos con rapidez y transparencia para recuperar la confianza de los mercados internacionales.
¿QUÉ OCURRIÓ CON LAS PRUEBAS?
El caso se conoció públicamente el 8 de junio, cuando autoridades chilenas informaron sobre la presunta detección de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas en aproximadamente 1.080 toneladas de productos derivados de madera enviados desde Bolivia.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, la Armada y el Servicio Nacional de Aduanas presentaron el operativo como uno de los mayores hallazgos de este tipo, después de intervenir 45 contenedores ubicados en diferentes puertos chilenos.
Sin embargo, autoridades y representantes del sector forestal boliviano sostienen que análisis posteriores realizados en Chile y Brasil no confirmaron la presencia de droga impregnada en la madera y calificaron los resultados iniciales como un posible “falso positivo”.
La Fiscalía chilena aclaró que la causa continúa vigente y que todavía existen diligencias pendientes. Por ello, hasta el momento no emitió una conclusión definitiva ni cerró oficialmente la investigación.
EL SECTOR DENUNCIA MILLONARIAS PÉRDIDAS
El impacto no habría quedado limitado a la imagen pública.
Representantes forestales aseguran que las exportaciones sufrieron una fuerte caída, se paralizaron operaciones, se revisaron contratos y compradores internacionales comenzaron a exigir controles adicionales antes de recibir productos bolivianos.
Según cifras difundidas por la Cámara Forestal de Bolivia, el conflicto habría provocado pérdidas cercanas a Bs 183 millones, una caída del 66% en las exportaciones y riesgo para más de 200.000 empleos directos e indirectos. Estas cifras corresponden a estimaciones del propio sector y todavía deben ser consolidadas por las instituciones competentes.
El municipio de Concepción también alertó sobre las consecuencias del caso, debido a que entre el 60% y el 70% de su economía estaría relacionada con la producción y exportación de madera.
BOLIVIA Y CHILE MANTIENEN ABIERTAS LAS INVESTIGACIONES
El Gobierno boliviano informó que la investigación internacional se desarrollaba desde octubre de 2025 y anunció mecanismos de coordinación con Chile para esclarecer el origen de los cargamentos, las empresas involucradas y los resultados de las pruebas.
La Fiscalía boliviana también abrió investigaciones en varios departamentos y solicitó muestras para realizar contrapericias independientes.
Mientras Bolivia cuestiona la forma en que se comunicó el presunto hallazgo, la Fiscalía de Arica sostiene que la causa sigue abierta y que todavía no corresponde emitir un pronunciamiento final.
Por ello, aún deberá determinarse si existió contaminación con sustancias controladas, si se produjo un error en los análisis iniciales o si hay otros elementos que permanecen bajo reserva investigativa.
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