En un comunicado emitido por Global Human Rights League, la familia del exinterventor aseguró que mantiene vigente la decisión de presentar una denuncia y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
30/05/2023 20:46
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Global Human Rights League emitió un comunicado sobre la muerte del interventor del exBanco Fassil, Carlos Alberto Colodro. La organización internacional sin fines de lucro calificó el hecho como “un crimen macabro” que, a su parecer, “no está siendo investigado de forma transparente”.
Mediante este, confirmaron que la familia de la víctima ha decidido “apartarse del proceso, no reconociendo ni convalidando ninguna actuación procesal y simplemente esperando que las autoridades tomen decisiones responsables y transparentes, sin utilizar la muerte de su padre como una herramienta política o jurídica para dañar su buen nombre ni atentar contra la familia”.
La institución denuncia que se ha negado a la familia el derecho de participar o proponer peritos de parte, en las investigaciones del hecho que ocurrió la noche del pasado 27 de mayo en la zona de la avenida San Martín, en Santa Cruz.
Además, mencionaron sus dudas sobre la supuesta carta póstuma que dejó el interventor y que el informe grafológico afirmó que fue escrita por él fallecido.
Aseguran que se le negó el acceso al portafolio digital o actos investigativos que se están desarrollando al abogado de la familia, Jorge Valda, pese a que participó de forma activa en los registros (edificio Ambassador) además de la autopsia y declaraciones de la pareja de la víctima.
“Solo se ha proporcionado la parte del ministerio de gobierno, el cual estaría cometiendo una intromisión y una injerencia ilegal indebida en este proceso”, agrega.
Aseguran que no existen condiciones para “buscar la verdad de los hechos” por lo cual la familia mantiene vigente la decisión de presentar una denuncia y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Global Human Rights League indicó que se presentarán en el proceso como denunciantes para seguir esclareciendo un hecho “que parece ser utilizado como un mecanismo de instrumentalización para perseguir, apresar, forzar al destierro y destruir vidas enteras, familias, así como consolidar el control del departamento de Santa Cruz”.
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