Fiscalía rechaza demanda en contra de Carolina Ribera y la prima del gobernador Camacho

Las resoluciones a las que tuvo acceso Red Uno, señalan que el Ministerio Público decidió desestimar la investigación en contra de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, y de la prima de Luis Fernando Camacho, ambas que eran investigadas por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público de oficio en contra de Carolina Ribera Añez y Natalia Teresa Ibáñez Vaca por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se emite el siguiente requerimiento fundamentado de rechazo”, señala un fragmento de la resolución.

La resolución de rechazó habría sido emitida por la Fiscalía el pasado 15 de febrero. En pasadas semanas se conoció el inició de las investigaciones, mismas que habrían iniciado en el mes de julio de 2022, en aquel momento presuntamente se identificó movimientos de dinero sospechosos de parte de Ribera y la prima de Camacho, de nombre Natalia I.B.

Dichos movimientos económicos supuestamente se habrían producido entre los años 2017 y 2020. Con la resolución de rechazó a las investigaciones se emite un fallo a favor de ambas sindicadas.

Según se conocía en la denuncia la hija de la expresidenta Jeanine Añez, habría recibido en su cuenta personal la suma de 20 mil bolivianos de parte de exfuncionarios públicos.

Respecto a la otra sindicada, quien es la prima del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, estaría investigada por presuntamente haber recibido la suma de 696 mil bolivianos de parte de José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño.

En el documento la Fiscalía argumenta que se desestima el caso, debido a que el querellante, denunciante o víctima no coadyuvó, ni prosiguió con la denuncia. Así mismo, se habría emitido la resolución debido a que se cumplió el plazo establecido de investigación, por lo que esa instancia debería emitir alguna resolución al respecto.

Sin embargo, existiría según normativa un plazo establecido de un año, donde la parte denunciante podría objetar, y el caso terminaría siendo reaperturado.

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